Sebastián Mantilla

IESS y la resolución 464

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12 de March de 2014 00:02

Desde el 1 de abril todas las personas que trabajan sin relación de dependencia deberán afiliarse de manera obligatoria al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y pagar, si no quieren ser sancionados, lo equivalente al 20,50% de sus ingresos.

A través de la resolución 464, el Consejo Directivo del IESS desconoce lo resuelto por el Tribunal Constitucional en mayo del 2002 sobre el artículo 2 de la Ley de Seguridad Social, el cual estableció que los trabajadores autónomos, profesionales del libre ejercicio, representantes legales o dueños de empresas unipersonales deberán afiliarse al IESS solamente de manera "voluntaria". Dicha resolución eliminó la frase "están obligados a solicitar protección" y quedó abierto para que este tipo de personas (sin relación de dependencia) lo hagan, como se ha dicho, voluntariamente.

Aunque el IESS es una institución autónoma, no tiene facultad para legislar e interpretar lo que dice la Constitución o la Ley de Seguridad Social (vigente desde noviembre del 2001). Esto es una función de la Asamblea Nacional.

Si el argumento usado por el Consejo Directivo del IESS se basa en el art. 369 de la Constitución de la República, el cual habla del seguro universal obligatorio, y en el art. 371 que establece que las "prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte de personas aseguradas en relación de dependencia y sus empleadores, de las personas independientes aseguradas (pero que lo hagan de manera voluntaria), de los migrantes y de los aportes del Estado", tengo que afirmar que es inaplicable.

Un esquema de universalización cuesta mucho y depende de la sostenibilidad fiscal del Estado. En este caso, al obligar que las personas sin relación de dependencia se incorporen al IESS, se está haciendo que trabajadores, empleadores, migrantes y personas independientes paguen la factura que el Estado como tal debería asumir.

Si el IESS, por los malos manejos y la recurrente politización, tiene una situación financiera realmente deplorable, no se explica cómo quieren implementar un sistema de universalización. Mucho más cuando la información financiera existente no coincide y es desactualizada. Lo último que se tiene es el informe que hizo la firma Actuaria en el 2010 y que fue publicado en el 2013. Allí se menciona que el IESS tiene un déficit en el seguro de invalidez, vejez y muerte de USD 5 142 millones de dólares y un déficit en el seguro de salud de USD 2 613 millones de dólares. Si en este año se prevé un aumento de los afiliados, así como ampliación de la cobertura a los cónyugues e hijos, estas cifras aumentarán ostensiblemente, haciendo prácticamente insostenible la situación del IESS.

Como muchos, considero que esta medida tiene otras intenciones. Más que financiar el esquema de la universalización, está entre manos la imperiosa necesidad de recursos del Gobierno nacional.