Columnista Invitado

Devuelvan el IESS

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Diego Ordóñez 

Los defensores del concepto de “seguridad social” que han impedido la acumulación previsional individual; y los propulsores del monopolio del IESS les deben una explicación y una disculpa a los afiliados, aportantes actuales, potenciales jubilados, porque su dinero se lo manosea sin rendir cuentas, como si se tratase de recursos sin dueño y sin reparar en los principios de responsabilidad fiduciaria de quien administra recursos ajenos.

La tónica con la que medios y analistas han abordado las causas de la quiebra del IESS –condición que no es nueva- es como si se tratase de un problema técnico. En tal calidad se convocan especialistas y exdirectores para que la población reciba explicación de por qué un fondo no puede fondear otro, y así.

El colapso de la “seguridad social” es un asunto que deben ser discutido en el campo de las ideas. Tiene relación con esa manida solidaridad – que es una máxima socialista- según la que obligatoriamente debemos aportar para igualarnos en los beneficios de la cobertura de salud, de jubilación –que es el sueldo de la vejez-, y en los seguros creados cuyos beneficiarios no han aportado un centavo. El sistema ecuatoriano ha renegado del de “cuenta individual”. Este sistema deja en libertad al afiliado para escoger a quien entregar sus aportes para que se acumulen en una cuenta suya y de nadie más. El asegurador le presenta periódicamente reporte de cómo acrecienta por capitalización el valor de su fondo.

Así lo entendieron los ultraizquierdistas activistas de la UNE quienes aprovechando cierto espacio de negociación política de su representación corporativa, se construyeron su fondo privado de capitalización para jubilación. Fueron despojados de la administración privada y sus recursos llevados bajo administración de un burócrata. Más allá de lo paradójico que resultó ver a la ultraizquierda defender la propiedad privada, el hecho fue alegórico de lo que han hecho con los recursos de todos los afiliados. Concentrarlos en una entidad pública, manejada por políticos que responden a intereses político-electorales, sin que la suerte del dueño del dinero importe mayormente.

Si la información que ha circulado en el sentido que el déficit actuarial –es decir, la reserva matemática para cubrir las pensiones jubilares de jubilados actuales y jubilados potenciales- a valor presente es igual a 10 presupuestos fiscales, ningún milagro ni milagrero es suficiente para corregir ese descomunal hueco provocado por la tozudez de obligar a los trabajadores a mantener una entidad secuestrada por los gobiernos.

De allí que cualquier solución “técnica” es irrelevante. La solución estructural es que se pregunte a los afiliados su deseo de retirar sus ahorros –lo que le puedan devolver- y llevarse a una entidad en donde le rindan cuentas. Menos peso moral tiene el Estado para mantener esa seguridad social obligatoria si incluso ha roto su compromiso de financiar el 40% de las pensiones.