Miguel Rivadeneira

IESS: el desarme organizado

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Basta observar los hechos, no los discursos ni la propaganda oficial, para corroborar la forma como en este Gobierno se ha organizado un proceso de desarme y de destrucción del Seguro Social, que como todo sistema previsional proyecta a futuro.

¿Qué fue de la nueva ley que tanto hablaron por años?
Se desconoció en forma arbitraria la deuda que en salud había ratificado el representante del Ejecutivo en el Consejo Directivo, que le llevó a su salida para dar paso a quien tenía que obedecer al poder, que le permita al Gobierno dar oxígeno a la escuálida caja fiscal.

La deuda a confirmarse con el cruce de cuentas superaba nada menos que USD 1 700 millones. Llega el reemplazo y en pocas horas, por arte de magia, sin responsabilidad y ni siquiera revisar ni cruzar información se allana a la orden oficial y se borra la deuda. Se paga puntualmente los bonos en el exterior pero internamente se desconocen estas deudas y con otras se incumplen.


Se elimina arbitraria e inconstitucionalmente el 40 % del aporte del Estado para financiar las pensiones jubilares, que hoy tienen para pagar pero a futuro habrá que ver de dónde se saca.

¿Habrá liquidez necesaria para aplicar la reforma legal de abril pasado, que dice que el Estado será responsable subsidiario y garantizará el pago de las pensiones cuando el IESS no cuente con los recursos económicos para cubrir las obligaciones en curso?

Tan bien se ha organizado el desarme del IESS que antes, cuando se aprobara el Código Integral Penal, vigente desde el 10 de agosto del 2014, los asambleístas oficialistas incluyeron la disposición derogatoria décima que elimina el último inciso del artículo 54 de la Ley del IESS, que disponía que quien ordene o ejecute la transferencia de recursos entre los fondos presupuestarios asignados a cada uno de los seguros (salud, prestaciones y pensiones) o transfiera recursos a gastos administrativos o imprevistos será sancionado con una pena de prisión correccional de dos a tres años, sin perjuicio de la responsabilidad civil.

Con ello, luz verde para hacer lo que quieran con los fondos del IESS. Como no hay crimen perfecto, olvidaron derogar en la Ley para la Justicia Laboral el artículo 122 de la Ley de IESS, que prohíbe expresamente al Consejo Directivo y demás autoridades del IESS, por sí o por medio de la administradora del seguro general de salud, la entrega de fondos de otros seguros para cubrir el déficit operacional de las unidades médicas institucionales.

Pese a todas estas normas, el Consejo Directivo elabora otra resolución que cambia las tablas de cálculos de aportaciones con una serie de cuadros con el fin de enfrentar la apremiante situación del fondo de salud, redireccionar y tomarse los aportes y cubrir las enormes deudas que tiene pendientes con clínicas y centros asistenciales privados. Da vergüenza que todos estos hechos nefastos sean aplaudidos por ciertos dirigentes de los jubilados.