IESS: basta del mal manejo

El último informe de Contraloría sobre la existencia de la deuda del Estado al IESS dejó al descubierto la forma cómo en el anterior gobierno se maltrató a la seguridad social.

Primero eliminaron el aporte del Estado del 40 % para el fondo de pensiones jubilares en la ley aprobada en la Asamblea (2015) y luego arbitraria e ilegalmente desconocieron la deuda en salud. La Contraloría determina que el fisco le debe USD 2 527 millones por atenciones médicas (más lo acumulado el último año), que había dado de baja de un plumazo el 2016 la actual administración del IESS. En aquella ocasión las autoridades declararon que la deuda era inexistente, de acuerdo con el discurso atropellador del poder central. Empero, existen documentos firmados por autoridades.

Uno, el caso del ex ministro de Finanzas (hoy asesor presidencial), que suscribiera el acta de compromiso de pago, el 17 de mayo del 2010, en donde en la primera cláusula se reconoce que el Estado adeuda al IESS lo correspondiente al 40 % por contribuciones al pago de pensiones y por el subsidio de las prestaciones de salud. Por ello hoy el gobierno no puede seguir negando la deuda.

La Ley del IESS dispone la contribución obligatoria del Estado, pero la administración del Instituto incumplió la norma, aunque hoy dicen, luego del informe, que darán estricto cumplimiento, a pesar de que se obstinaron y defendieron la eliminación de la deuda. Unos funcionarios no pusieron reparos al hecho y otros suprimieron esa obligación. Según Contraloría, no hubo sustento para eliminar la deuda de sus balances financieros y estableció que la contribución del Estado para cubrir las atenciones médicas de jubilados y personas con discapacidad se podía cobrar sin necesidad de reglamento, que fue el argumento oficial.

El caso es muy grave porque no solo se trata de establecer responsabilidades de los altos funcionarios del IESS (una docena) por haber dispuesto la eliminación de la deuda y emitir el criterio jurídico favorable. Esto se les advirtió en su momento, pero la prepotencia y el abuso, ejemplo liderado desde el poder central, atropellaron los procedimientos legales.

La Contraloría establece responsabilidades pero también tiene que aplicarse la Ley del IESS, art. 101, que ordena que “los directivos, funcionarios, servidores y trabajadores de todas las dependencias del IESS que sean responsables directos de acciones y omisiones, realizadas en el cumplimiento de sus funciones, y que no estén amparadas en la ley o en los reglamentos, serán removidos (obligatorio, no discrecional) de su representación o cargo y tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que hubieren ocasionado, independientemente de la responsabilidad penal a que hubiere lugar”.

¿Respetarán la ley, cambiarán el rumbo del IESS o seguirán hundiéndole más?

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