Dimitri Barreto P.

De Manuela Picq a la guardia turca

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 139
Triste 3
Indiferente 2
Sorprendido 2
Contento 14

El grito de mujeres, como toda manifestación que exprese inconformidad, no tuvo matiz reverencial. El discurso del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), y de hecho su visita a Quito el jueves, han sido teñidos no por el grito, ‘Fuera Erdogan fuera’, sino por la violenta incursión entre butacas de hombres de negro, la guardia turca, para llevarse a empellones a mujeres ecuatorianas.

En Ecuador, el maltrato a la mujer está tipificado en el Código Integral Penal creado por la Legislatura de coyuntura. Pero el Ministro del Interior, luego de rechazar “tajantemente” la violencia, ha evocado en su cuenta de Twitter una norma de 1973, específicamente el artículo 17 de la Ley de Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas. Ese inciso otorga inmunidad civil y penal a los diplomáticos de visita en Ecuador “en cuanto al cumplimiento de su misión”.

¿Entra en ese rango violentar a mujeres que ejercen su derecho a la libre expresión? ¿En serio ellas constituían un riesgo a Erdogan como para reducirlas a empellones?

De no ser por Ecuavisa, el hecho hubiese sido marginal. Por ello, además de la interpretación de la inmunidad, inquieta la reiterada parálisis de los operadores de justicia en los excesos de los agentes de seguridad documentados por la prensa en protestas.

Falta memoria. De no ser por un video de EL COMERCIO, el 13 de agosto de 2015 se hubiese instalado la versión policial sobre la supuesta protección brindada a Manuela Picq, compañera del Presidente de la Ecuarunari, cuando las imágenes muestran cómo policías la arramblan en la calle Cuenca. El 3 de diciembre, Diego Pallero, cronista de EL COMERCIO, filmó la embestida y brutal agresión policial en su contra cuando cumplía su trabajo cerca de la Asamblea.

¿Hay agentes sancionados por esa violencia? Desempolvar una ley de la dictadura militar, así como ofrecer disculpas -como hizo la autoridad con el caso de Pallero-, no bastan para quebrar la impunidad.