Enrique Ayala Mora

La hora de Petro

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31 de January de 2014 00:01

Nadie creería que en un país que se presume democrático, la sola voluntad de un funcionario pudiera ser causa de separación de autoridades electas por la ciudadanía. Eso solo sucede con la destitución por un cuerpo colegiado, o por revocatoria del mandato en las urnas. Pero en Colombia, que se precia de contar con una Constitución moderna y con equilibrio de autoridades, eso es posible .

Ahora recae sobre el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, una orden de destitución del Procurador General. Hay decenas de casos similares, pero este ha trascendido, incluso internacionalmente, dado el nivel del funcionario, el segundo más importante del país, luego del Presidente de la República.

Resulta extremadamente anómalo que el Procurador pueda destituir un Alcalde sin proceso, sin tratamiento de pruebas ni posibilidad de defensa. Por ello el hecho ha despertado enorme reacción. Pero, más allá de lo arbitrario del asunto, está su motivación ideológica.

El Procurador fundamenta su decisión en que Petro reasumió para la Alcaldía la recolección de basura, que estaba en manos de empresas privadas. Es decir, que resulta culpable de haber cumplido con una obligación que existe en casi todos los municipios del mundo, una de cuyas tareas es mantener un servicio de procesamiento de basura. Añade como agravante, que durante el cambio hubo una suspensión en la recolección de basura y por algunos días la ciudad tuvo desechos en las calles, con riesgo de la salud pública.

Con todo y lo lamentable que es este caso, tiene una ventaja: deja clara su motivación política. El Alcalde no es acusado de robarse dinero. Es reo de haber "atentado contra la empresa privada". Está claro de qué lado está el Procurador. Por lo demás, si el que la basura se hubiera acumulado algunos días fuera motivo de destitución en el resto del mundo, ciertamente que los alcaldes de Nueva York o Londres se fueran a su casa a cada rato. Y en ciudades como Calcuta simplemente no existiría el Alcalde.

Gustavo Petro se ha defendido con energía. Y, sobre todo, la gente lo ha respaldado en forma masiva. Grandes movilizaciones lo atestiguan. Y hasta adversarios de Petro han reconocido que el Procurador ha cometido un extremo abuso de sus ilegítimas atribuciones.

El caso ha sido presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se está tardando en pronunciarse, cuando existe una expresa base jurídica en el "Pacto de San José".

Quienes hemos respaldado la existencia y atribuciones de todo el sistema interamericano de protección de derechos humanos, y de la Comisión, esperamos que ella, también este asunto como en otros, tome una medida pronta y oportuna. Aquí se está jugando su legitimidad, duramente cuestionada por sus opositores, que dicen que no trata todos los casos con igual criterio y celeridad.