Carlos Jaramillo

Homicidio culposo

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1 de February de 2014 00:01

La Asamblea Nacional, con su amplia mayoría oficialista, se allanó el martes último a 69 de los 73 artículos del Código Orgánico Penal Integral que vetó el presidente de la República y el cuestionado artículo 146, que sanciona el homicidio culposo por mala práctica profesional, quedó igual. No se hizo esperar la reacción de los médicos del país, que anunciaron su renuncia masiva y otros expresaron su protesta de diversas maneras.

Voceros oficiales informaron que, para reemplazar a los renunciantes, vendrían, en primera instancia, 743 profesionales cubanos, gracias a un convenio firmado en agosto por los gobiernos de los dos países. El Presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social agregó que podrían venir 250 galenos más de la isla caribeña y que los está acreditando ya un equipo técnico ecuatoriano. Más aún, la Ministra de Salud dio a conocer que en el plan de contingencia están inscritos 3 000 facultativos de España, Venezuela, Chile, etc., ante lo cual no faltaron maledicentes que vaticinaron que es probable que también quieran venir unos cuantos acupunturistas chinos sin visa.

Los directivos de la Federación Médica Ecuatoriana enfatizaron que no son políticos ni delincuentes sino profesionales de la salud que defienden con altura su profesión y que no están contra el Gobierno. También anotaron que lo que se quiere es traer profesionales cubanos con el peligro de que muchos de ellos no cumplan los requisitos mínimos que exige la práctica de tan delicada actividad, como demuestra un informe de la Asociación Médica Brasileña que, de 300 médicos cubanos postulantes en ese país, sólo 25 aprobaron los exámenes de validación de su carrera y título.

Hay preocupación en la ciudadanía, que considera que, en caso de que se produzca un cambio masivo de los facultativos, es obvio que los extranjeros no están familiarizados con la realidad ni con las costumbres nuestras, así como con los medicamentos que aquí se utilizan.

Como se ha anotado en forma reiterada la mejor solución al problema puede y debe lograrse mediante un diálogo bien intencionado entre representantes del Ejecutivo y de la Asamblea, por una parte y de los médicos, por otra, en el que, sin amenazas ni prejuicios, se expliquen y acojan los argumentos valederos y se procure una fórmula, que proteja de la mejor manera posible a las personas que requieren atención médica, que preconiza el Gobierno y, al mismo tiempo, se valore el apostolado que cumplen los facultativos y se les reconozca el respeto y trato digno que merecen y reclaman, en el cumplimiento de la delicada tarea de velar por la salud y la vida del ser humano, con los peligros que implica y sin que ello signifique impunidad.

Ventajosamente las dos partes han demostrado apertura para encontrar remedio al mal, lo cual bien pudieron hacer antes y evitar la confrontación innecesaria.