La semana pasada se dio un importante avance para la firma de la paz en Colombia. Tras 52 años de conflicto armado, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el delegado de las FARC, alias ‘Timochenko’, acordaron el cese al fuego bilateral y definitivo.
Aunque el proceso todavía no ha terminado, el cese al fuego representa un paso clave para la firma definitiva de la paz y, por consiguiente, abre una nueva etapa en la historia política de Colombia. El costo de esta guerra interna, en términos sociales y humanitarios, ha sido demasiado alto: 260 mil muertos, 45 mil desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.
En varias ocasiones se buscaron vías de solución a este conflicto armado pero sin resultados alentadores. El más recordado es el proceso de negociación emprendido por el gobierno de Andrés Pastrana entre 1998 y 2002. Sin embargo, en lugar de bajar el nivel de tensión, el conflicto se recrudeció aún más. En mayo del 2002, en enfrentamientos entre la guerrilla y paramilitares perecieron en la zona del Chocó cerca de 119 personas. Todas civiles.
Y pese a que se ha dado un paso histórico como es el cese de las armas, es necesario tomar en cuenta que la paz posiblemente tome más tiempo, incluso si se firma el acuerdo definitivo, como se ha dicho, el próximo 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia.
Si la fase de negociaciones con las FARC ha sido complicada, la del posconflicto lo es de igual modo. Si hacemos historia, la desmovilización que dio años atrás de las bandas paramilitares no fue completa. Los que no se acogieron a la entrega de las armas, formaron bandas criminales (Bacrim) dedicadas a la extorsión, hurto, secuestro, tráfico de drogas, explotación ilegal de minerales y recursos naturales, entre otros.
No es nada raro que un sector importante de las FARC, sobre todo del Frente 48, ubicado a lo largo de la frontera norte con Ecuador, se dedique luego a actividades criminales, principalmente al tráfico de drogas y de armas. Se conoce que el Frente 48 es uno de los principales proveedores de cocaína del cartel mexicano de Sinaloa.
De ahí que todo lo que se haga posteriormente a la firma del acuerdo de paz será clave. Aunque meses atrás, el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, afirmaba que “vamos a entrar a un escenario político donde lo fundamental es hacer confluir el mayor número de fuerzas para cumplir los acuerdos”, la posibilidad de que un cierto número de guerrilleros se dediquen a actividades criminales es cierta.
No obstante, para quienes sí plieguen a dejar las armas, ¿qué opciones reales tienen? ¿Hay garantías suficientes para que no sean ajusticiados?
Esto, sin lugar a dudas, va a generar problemas de inseguridad para Ecuador. En ese escenario, ¿sabemos con claridad cuáles son las amenazas que se vienen? ¿Estamos preparados como país para enfrentar situaciones derivadas del posconflicto colombiano? ¿Qué piensa usted?