Constantemente se encuentra el ciudadano con relatos diferentes de la misma historia y a veces contrapuestos. Por ejemplo, según el relato del Ministerio del Interior, un autobús con permisos de internación temporal para turismo, fue retenido porque era utilizado para el transporte de pasajeros. Además de violar la ley de internación temporal, el conductor no tenía licencia profesional y ponía en peligro a los 12 pasajeros que viajaban a bordo. El vehículo fue retenido y los pasajeros fueron “trasladados a una ciudad cercana, para que puedan movilizarse de una manera más tranquila”.
La misma historia, en el diario londinense The Guardian, dice que activistas de Green Peace y del colectivo Yasunidos, viajaban a Lima para la reunión sobre cambio climático, en un autobús que tenía permiso de internación temporal y su piloto contaba con autorización para conducir en Ecuador. Sin embargo, fueron acosados por la policía de carreteras, aduanas y de migración al menos seis veces y finalmente el autobús fue confiscado.
La historia relatada por el diario The Guardian recoge la versión de los interesados, pero va acompañada de una foto en la que se ve el autobús parado en medio de la carretera y a ocho personas, hombres y mujeres, arrodilladas en el pavimento con las manos en alto apoyadas a la carrocería. Al menos cinco policías aparecen en escena y un patrullero.
En otros casos las historias difieren porque una se cuenta para acomodar otra. Es el caso de la historia relatada por la directora del Servicio de Rentas Internas que dice: “Cómo vamos a hablar de que estamos poniendo un impuesto al agua, al aire. Nosotros lo que estamos haciendo es una construcción solidaria, diferente a lo que están haciendo los municipios al no cobrar casi ningún impuesto a los ciudadanos; obviamente muchas veces relacionado con lo que es el voto, con lo que es las próximas elecciones”.
La historia original la contó el Presidente de este modo: “Gracias a la nueva Ley de Aguas se establecerá un cupo de consumo de agua. Lo que es razonable por cada habitante. Más allá de eso, les vamos a cobrar al Municipio. El agua es un derecho, el abuso es abuso. Vamos a calcular con Senagua el consumo razonable del agua”.
Otra historia con versiones contrapuestas es la del Código Laboral. De un lado está la solemne oferta del Ministerio del Trabajo de entregar al país un “Código Orgánico del Trabajo revolucionario, conforme a los tiempos actuales”. El otro lado muestra un proyecto trabajado durante dos años que se destruye en cuatro meses, para dar paso a otro que dura aún menos y es reemplazado por reformas puntuales criticadas tanto por el sector laboral como por el empresarial.
¿Cómo se orienta el ciudadano con versiones tan diferentes? Unos creen con la fe del carbonero, otros creen la versión más verosímil y otros no creen nada.