24 de May de 2010 00:00

Contra la historia

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Enrique Echeverría G.

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Todos recordamos, por la enseñanza del colegio, que el 14 de julio de 1789 el pueblo de París asaltó La Bastilla, que era una prisión para presos políticos. Todos recuerdan las atrocidades que cometieron en nombre de la “revolución”, y que en la época de Robespierre, Dantón y Marat más de un millar de personas fueron eliminadas, sin juicio legal, incluyendo la guillotina para el propio Rey Luis XVI.

El 26 de agosto de 1789 se votó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Cuánta sorpresa nos causa hoy, que en esa Declaración introdujeran un art.11 con este texto: “La libre comunicación de pensamiento y de las opiniones es uno de los más preciosos derechos del hombre. Todo ciudadano puede, por lo tanto, hablar, escribir, imprimir libremente, salvo la responsabilidad por el abuso de esta libertad, en los casos determinados por la ley”.

Posteriormente, este principio esencial de libertad consta en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, lo que es más próximo, en nuestra propia Constitución Política. Y sin embargo de todo este bagaje, hemos visto a varios asambleístas ecuatorianos bregando incesantemente para “regular” esta libertad que, en la práctica, se anularía.

De poco o nada ha servido recordar a los adversarios de la libertad de expresión la proclama de la Encuesta Internacional sobre el Acceso de los Periodistas a la Información, elaborada por comunicadores de 10 países de todas las regiones: ni los pronunciamientos de la Federación Internacional de Periodistas; ni los instrumentos de las agrupaciones periodísticas del Ecuador. No se trata únicamente de libertad de expresión para periodistas y comunicadores, sino para todo ciudadano, de tal manera que por alguna palabra grosera emitida por alguien no sea conducido a la cárcel.

Ahora contamos con el pronunciamiento de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, aprobada en Ibarra recientemente, con afirmaciones como estas: “Las libertades de opinión, información y comunicación son potestades consustanciales de la naturaleza humana”. “El derecho a la información y el derecho a informar y comunicar libre e irrestrictamente, es condición esencial y definitoria de la sociedad contemporánea”' “esto hace que los medios de información y comunicación sean un escudo protector de los derechos de los individuos como tales y de la sociedad como un todo, frente a los gobernantes”'

¿Nuestros legisladores del Gobierno pretenden desafiar al mundo y a la historia? ¿Acaso son partidarios de la vieja fórmula machista y absurda de que los ecuatorianos no somos muchos' pero somos “machos”? ¿Podemos desafiar al mundo impunemente y sin pagar un precio?

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