Daniela Salazar

Hiperpresidencialismo a consulta

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Columnista invitada

Lenín Moreno confirmó su intención de convocar a una consulta popular y pidió que la ciudadanía aporte con ideas sobre los temas que deberían consultarse. Celebro la apertura de este debate democrático y confieso que me conforta que no se haya optado por convocar a una Asamblea Constituyente. Bajo el pretexto de refundar la institucionalidad del país, la Constituyente de 2008 estuvo dirigida a consolidar el poder del presidente Correa. Cometer el mismo error, sumado al riesgo de que el ex presidente se presente como Asambleísta Constituyente y lidere la oposición de Moreno, sería receta para una catástrofe.

Lo que no debe faltar en la próxima consulta popular son los temas que el gobierno de Correa omitió consultarnos. Primero, es imperativo que nos consulten sobre las “enmiendas” a la Constitución que la Asamblea aprobó en 2015, a través de las cuales se permitió la reelección indefinida de todas las autoridades públicas, entre otras modificaciones que alteraron la estructura fundamental del Estado. Segundo, de manera ineludible deben consultarnos sobre la posibilidad de no explotar el Yasuní ITT. Aunque parezca extemporánea esta pregunta en tanto ya inició la explotación petrolera en esta zona, detener esa operación sigue siendo imprescindible para proteger la biodiversidad del Yasuní y la vida de los pueblos en aislamiento.

También resulta imprescindible deshacer los nefastos efectos de la consulta popular de 2011, a través de la cual Rafael Correa obtuvo la facultad de nombrar delegados en todas las instituciones del Estado, incluyendo los organismos de control y el Consejo de la Judicatura. No basta con dejar sin efecto los nombramientos realizados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si volvemos a permitir que el presidente de turno tenga influencia en el nombramiento de quienes reemplacen a los funcionarios cuyas funciones cesen en virtud de esta consulta, el remedio habrá sido peor que la enfermedad.

Pero si la consulta popular va en serio, debe estar dirigida a eliminar las facultades reforzadas que la Constitución de 2008 le otorgó al presidente, tales como las de presentar textos legales alternativos al momento de vetar parcialmente una ley; la de convocar a un referéndum aprobatorio de normas sin mayores requisitos; y la de mantener a la Asamblea bajo constante amenaza de disolución, en virtud de la figura de la muerte cruzada.

Más allá de un test de popularidad para el actual presidente, esta es su oportunidad para bajarse de la camioneta del hiperpresidencialismo e ir hacia la senda de la democracia. Si, por el contrario, Lenín Moreno convoca a una consulta para consolidar un régimen que responda a sus intereses, se habrá desperdiciado la posibilidad de resolver a través de un proceso deliberativo los desacuerdos sobre el tipo de democracia que queremos.