Farith Simon

¿Hemos avanzado?

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
4 de February de 2013 00:01

Uno de los indicadores de éxito de la reforma judicial, que se promociona de forma permanente en la campaña, por parte del Presidente/candidato y en los informes de varios funcionarios públicos, es el incremento del número de prisiones preventivas en los supuestos delitos flagrantes. Se reporta que en un 72 % de casos las personas acusadas se encuentran detenidas.

Este dato por sí solo, en un sistema jurídico que se dice garantista, debería provocarnos más de una pregunta, sin embargo la reacción social ha sido una aprobación –casi- generalizada de que esto refleja un mejor funcionamiento de la justicia, lo que asociamos a mejores niveles de seguridad, reducción de la delincuencia y de la impunidad.

¿Todos los detenidos son culpables? ¿Todos son delitos graves? ¿No existen alternativas a la prisión preventiva? ¿Cuál es la tasa de condenas en relación al número de casos ? Esa reacción social positiva se debe a que se parte de una simplificación inaceptable: si están detenidos deben ser culpables y peligrosos, por lo tanto deben ser encerrados; los mejores jueces son aquellos que más detenciones ordenan así, una medida cautelar excepcional de último recurso –la prisión preventiva-, se convierte en regla general, en una suerte de condena anticipada.

El Estado brinda poca información en temas de justicia, pese a toda la propaganda sobre la reforma, no conocemos desde el 2008, el total anual de denuncias presentadas, de desestimaciones, archivos, instrucciones, llamamientos a juicio, sobreseimientos, sentencias condenatorias y absolutorias.

Cuando los ciudadanos podíamos acceder a esos datos, era posible confirmarlo que era una percepción: el mal funcionamiento de la justicia, particularmente en el área penal, su ineficacia e irracionalidad al consumir la mayor de sus recursos en procesar a los personas acusadas en delitos vinculados y apenas alcanzar un poco más de una sentencia condenatoria por cada 100 denuncias.

La semana pasada, en la página web de la Fiscalía General del Estado, encontré un solo dato estadístico, esto pese a que las leyes vigentes les obliga a informar a los ciudadanos sobre su trabajo, lo que obviamente no se limita a un recuento de actividades de su máxima autoridad.

En estos días hemos podido conocer la forma en que se llevan desde la fiscalía, algunos casos de relevancia pública: los 10 de Luluncoto, Balda, “Valija Diplomática” y Pedro Delgado. Esperemos que estos no representen el estándar de trabajo de dicha institución ya que, con independencia de los buenos profesionales que existen, hemos visto cómo en dos de ellos parece que el objetivo es obtener una condena sin importar las injusticias, y en los otros dos la consigna parece ser ir despacio, muy despacio.

Transparencia no es publicidad, rendición de cuentas no es autopromoción, mejora de la justicia no es tener más personas presas.