Gonzalo Maldonado

Hecho funda

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12 de June de 2011 00:03

El Gobierno quiere cobrar un impuesto de 10 centavos por cada funda de plástico no biodegradable que un consumidor utilice para llevar sus compras. Queremos evitar que el medioambiente se infeste de basura plástica y, también, proteger los derechos de la naturaleza consagrados en la Constitución, han dicho las autoridades para justificar aquella medida. ¿Podrá este nuevo impuesto alcanzar esos objetivos?

Se sabe que gran parte del presupuesto familiar se destina a la compra de alimentos. Se sabe, también, que el grueso de esos consumos ocurre en las cadenas de supermercados -Supermaxi, Akí, Magda, Santa María, etc.- que están ubicadas en las principales ciudades del Ecuador, en donde habita la mayoría de ecuatorianos. Aquellos supermercados utilizan fundas biodegradables hace tiempo.

Por lógica simple, esto significa que la mayor parte de los consumos que realiza la vasta mayoría de ecuatorianos no estará sujeta a ese impuesto de 10 centavos. ¿Para qué tanto lío entonces? “Es que hay muchos mercados -municipales, comunitarios y privados- en todo el país en donde se utilizan fundas plásticas no biodegradables. ¡Ahí es donde vamos a hacer la diferencia!”, me dirá algún simpatizante de la ‘revolución ciudadana’.

Pues sí, aquello es cierto. Hay una porción significativa de transacciones de consumo que se realiza en aquel tipo de mercados y es altamente probable que las fundas que se usan allí no sean biodegradables. Todo bien hasta aquí, salvo por este detalle: en el 99% de las transacciones efectuadas en aquellos mercados no se emiten facturas.

Para que funcione, este impuesto debe ir acompañado de un sistema de facturación que permita registrar el número de fundas plásticas contaminantes que el consumidor se lleva con cada compra y calcular, de esta forma, el valor total del impuesto que deberá ser entregado al Estado.

Entonces, ¿qué efecto concreto causará este nuevo proyecto impositivo? Ninguno. Ni se recaudarán sumas importantes de dinero para financiar el descomunal gasto público, ni se evitará el uso de fundas contaminantes. Se añadirá una regulación más a la ya compleja estructura impositiva ecuatoriana y, probablemente, se tranquilizarán las buenas conciencias de algunos miembros del Régimen que todavía quieren creer que su Gobierno empuja una agenda ecologista.