Walter Spurrier

Hartazgo

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La corrupción no estuvo en el tapete durante las últimas elecciones. Según los consultores políticos, denuncias de esta índole no dan votos.

¡Cómo cambió la situación en pocos meses! La semana pasada tuvo lugar en Guayaquil una jornada contra la corrupción; el amplio auditorio de la Plaza Baquerizo Moreno resultó estrecho. Estuvieron los integrantes de la Comisión Anticorrupción, los mismos que en 2015 denunciaron sobreprecio en el contrato del proyecto Manduriacu, lo que les valió ser enjuiciados por injurias por el exministro de Electricidad Esteban Albornoz. Ahora un exfuncionario de Odebrecht delata que pagó una coima al excontralor para obtener informe favorable para este contrato.

Guayaquil homenajeó a los integrantes de la Comisión. Se conformó una Comisión de la ciudad. Del evento salió una Carta de Guayaquil que busca reformas al Estado para establecer instancias y mecanismos de prevención de la corrupción. Para desmantelar el actual sistema que propicia la corrupción, se propone una consulta popular.

El hartazgo ciudadano se centra en cómo los funcionarios reciben millones por favorecer a contratistas: Odebrecht coimó sistemáticamente, reconocen sus exfuncionarios. También se investiga a Caminosca, fiscalizadora de contratos eléctricos. Los papeles de Panamá revelaron que numerosos funcionarios tienen empresas de papel en Panamá.

Toda la información vino de afuera, mientras, adentro, el Presidente Correa se ufanaba de la honradez de su gobierno, defendía a su exministro Aleksey Mosquera, sosteniendo que el USD 1 millón que le pagó Odebrecht era por honorarios profesionales. ¡Colosal “cachuelo” del ministro en funciones!

Pero todo está cambiando; el presidente Moreno se compromete a barrer con la corrupción caiga quien caiga. A sus coidearios que reaccionan acusándolo de deslealtad, responde: “no la lealtad de los mafiosos, no la de los que se encubren entre ellos. La lealtad con la Patria” (EL COMERCIO, agosto 7).

Moralmente, lo terrible es que funcionarios del gobierno anterior exigieran pagos exorbitantes. Económicamente, lo peor es que gracias a esos pagos las contratistas coimadoras hayan cobrado lo que a bien tuvieren, y peor, que se hicieran obras innecesarias, para ganarse la “comisión”.

El Gobierno debe hacer un inventario. La diferencia entre lo pagado y lo recibido. ¿Vale USD 2 mil millones la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, si sigue produciendo gasolina de inaceptable calidad? Las obras redundantes. ¿Hay exceso de capacidad instalada de generación hidroeléctrica? En cuyo caso hay que pagar una onerosa deuda por capacidad instalada ociosa.

Esta monumental corrupción es parte de la razón por la que la economía está estancada. Ahora nos pasan la factura.