Marco Arauz

No hablemos de candidatos

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Una semana política llena de pirotecnias. Se nos informa que solo ‘uno o dos traidores’ de AP discrepan con la propuesta de no permitir la reelección inmediata de los militantes que hayan ocupado cargos en dos ocasiones consecutivas, incluyendo al presidente Rafael Correa.

Un gesto que, además de mostrar cómo se trata el disenso al interior del oficialismo, pone a los ecuatorianos a pensar sobre el futuro electoral, bastante lejano del presente económico.

Se ha creado toda una ola emocional alrededor del vacío por la supuesta ausencia del candidato-presidente hasta hoy imbatible, y se ha dicho que su presencia será como una espada de Damocles en caso de que la oposición triunfara en el 2017: si vuelven al ‘viejo país’ vendrá la ‘muerte cruzada’ y tendrán a Correa de vuelta incluso antes del 2021.

Pero nada más azaroso que elucubrar hoy sobre un escenario en el cual todo indica que la política dependerá cada vez más de una economía en crisis, esto sin considerar que es muy probable que la Corte Constitucional decida desechar la transitoria a las enmiendas que propondrá AP, porque se trata de una figura extraña al proceso.

¿De qué estamos discutiendo entonces?
Se produjo también el tercer movimiento en el gabinete ministerial en cinco semanas. Si uno mira los cambios, notará que se trata de un reciclaje en puestos claves para premiar las lealtades, aunque se aúpe la todología.

Ya se verá en los hechos si en el área de comunicación, por ejemplo, se produjeron verdaderos cambios o solo movimientos.

En contrapartida, esta semana desapareció del horizonte político, pese a haber estado en la palestra hasta hace solo unos días, el juzgamiento de supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por exjefes militares durante la represión contra el grupo subversivo Alfaro Vive.

La reacción de la cúpula militar no solo mostró la desconexión del Ministro de Defensa sino el poco espacio de maniobra que tiene el Gobierno frente a una respuesta corporativa inesperada.

Sí, la fuerza pública está subordinada al poder civil, pero una investigación no politizada sobre este difícil capítulo no debiera partir de calificar un supuesto delito sino adentrarse en el juzgamiento de todas las responsabilidades, lo cual significa estar dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias.

Al Gobierno quizás le resulta mejor archivar el tema, al igual que otros asuntos políticamente inoportunos, como el alza de tasas para las herencias y el patrimonio.

Un vistazo a la balanza comercial de enero a septiembre señala un panorama desalentador; el Gobierno desmontará gradualmente las salvaguardias hasta junio del 2016. Sería mejor que se debatiera más sobre economía y se explicara al país qué quieren decir con aquello de que se adoptarán “medidas permanentes” para sostener al sector externo. Ya habrá suficiente tiempo para hablar del 2017.