Farith Simon

Guerra de comunicación

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24 de June de 2013 00:03

¡Estamos en guerra¡ ¿No lo sabía, estimado lector? Yo, lo intuía. Es una guerra simbólica, guerra al fin. La certeza me llegó de la mano de un profesor mexicano, disertante de la CUPRE, parte del cada vez más nutrido grupo de intelectuales (nacionales y extranjeros) que celebran, justifican y sustentan las bondades de la revolución ciudadana y de todos sus históricos cambios, que -de acuerdo con la información oficial- provocan la admiración de la humanidad por sus primerizas innovaciones.

Fernando Buen Abad, presentado como un 'trabajador del conocimiento' al servicio del proceso de 'transformación' del país y de todos los 'gobiernos progresistas', en una conferencia en el IAEN -institución en la que es profesor- propone entender a la comunicación como un problema geopolítico, de seguridad nacional -en realidad regional- que requiere de una enérgica intervención del Estado en una suerte de 'guerra'.

'Batallas', 'soldados' y 'ofensivas'; conspiraciones mediáticas-burguesas golpistas de un lado, defensa de gobiernos democráticos no burgueses, del otro. La 'guerra' requiere que las partes en conflicto controlen medios y contenidos, formen 'guerreros' -los periodistas-, y aprueben leyes que entreguen a esos 'gobiernos progresistas' 'armas' para enfrentar a los neoliberales corruptos y a sus sirvientes.

Discurso guerrerista al margen, estamos frente a un tema de derechos. Las personas somos titulares del derecho a difundir información, ideas y opiniones, dar a conocer nuestro pensamiento (un derecho individual), a recibir información de nuestro exclusivo interés o de interés público (un derecho colectivo).

Se trata de un ciclo, recibir información a su vez permite formar nuevas ideas y opiniones, intervenir en la vida pública, decidir, actuar, juzgar; esto lleva a observar, controlar -enfrentar- a todo poder que amenace los derechos.

La pluralidad de fuentes de información es una garantía, solo una, para que los seres humanos tengamos mayores posibilidades de recibir información de calidad; otra -una más- es asegurar que los contenidos no sean determinados por los dueños de empresas o por los gobernantes para favorecer intereses económicos o políticos, usando la (des)información para ocultar abusos, omisiones, corrupción; por ello es un bien público, la titularidad del derecho y su ejercicio no es apropiable, que alguien lo ejerza no excluye las posibilidad de que otros lo hagan simultáneamente, no es igual que considerar a la comunicación como servicio público a ser provisto por el Estado.

Si alguien cree que la Ley de Comunicación tiene marcha atrás, en el contexto político actual está equivocado, el futuro inmediato será igual, búsqueda de control de medios y contenidos al servicio de un proyecto político, a una visión del mundo y no a la garantía de derechos.