Columnista invitado
Lomás grave de lo que vivimos no es la forma en que se desarrolló el “debate entre economistas”, en días pasados. Las exposiciones de los invitados respondieron a su concepción de la economía y de la sociedad. Las del Presidente, defendiendo a rajatabla su manejo de la economía, sin aceptar ni errores ni deficiencias ni la necesidad de rectificación.
Es grave, de gravedad absoluta, que se siga defendiendo la política de tan enorme gasto público, que aunque se la califique de inversión –a lo que en realidad corresponde una parte- ha elevado la participación estatal en la economía al 44% en el PIB, inmensa para cualquier país por lo vulnerable. Que no se acepte que un elemental sentido de previsión debió contemplar la necesidad de mantener reservas precisamente para que cuando circunstancias fuera del control del Gobierno, como la baja de los precios del petróleo, se presenten, esos recursos eviten o atenúen la adopción de medidas que causarán problemas, aunque no se las adopte con la profundidad que la situación requiere. Porque los tímidos recortes en los subsidios a los combustibles de menor utilización, no le hacen ni cosquillas a la profundidad del problema.
Si se anota que aproximadamente la mitad de la reducción a los subsidios consiste en disminuir el pago al IESS, que lo único que hace es trasladar a futuros gobiernos la obligación, que entonces estará multiplicada, nose encuentra la voluntad real de enfrentar el problema. El debilitamiento de las condiciones de empleo puede graficarse en el concurso convocado por la Municipalidad de Quito la semana pasada, para 159 puestos, en el que requirieron información cerca de 90 000 personas, se inscribieron y calificaron 26 000. No siempre las estadísticas reflejan la realidad ni las expectativas, en un entorno que tiende a debilitarse a diario. Los precios han subido en 45% en siete años, disimulados porque el torrente circulatorio simulaba bienestar. Ahora se va a notar.
Cuando se habló en el debate de inversión, nadie proyectó la incidencia que tiene haber aumentado de 17 a 43 los ministerios, 150 000 empleados públicos, con la consecuente adquisición de vehículos, secretarias, choferes, asistentes y asesores. No se mencionó que el bono de la dignidad creció para más de un millón de personas, mientras se proclamaba la reducción de la pobreza: ahora ampara a 300 000, no porque 700 000 salieron de la pobreza, sino porque cobraban indebidamente. Vivimos en la desmesura. ¿Alguien puede considerar medida seria para afrontar la crisis, el recorte de 200 asesores, del despilfarrador número existente?
Lo más grave de todo es que las autoridades crean que han hecho todo bien, que no se han equivocado, que nada requiere rectificación. Si lo dicen convencidos, el problema no tiene solución, porque para enfrentarlo y solucionarlo, hay que estar conscientes de que existe y de que siempre es posible cometer errores.