Farith Simon

Golpistas

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El proceso de aprobación de las enmiendas poco tiene de democrático, ha seguido escrupulosamente la ‘autorización’ que la Corte Constitucional otorgó a la Asamblea Nacional. Sin embargo, el partido en el poder usó su mayoría parlamentaria, y la no independencia de la Corte, para modificar las normas constitucionales en función de un proyecto político concreto, algo que en un ataque de honestidad lo expresó de forma clara la Presidenta de la Asamblea (“entregarle al país una norma que asegure que la Constitución garantice la permanencia política de este proyecto”).

El día del segundo debate de las enmiendas, un eufemismo para el cumplimiento de una formalidad sin trascendencia alguna, el Presidente de la República dejó otra vez en evidencia el sentido de los cambios: “la lucha es por evitar que vuelva el viejo país…”; es decir, cualquiera que no sean ellos mismos. Ideas retorcidas en relación a una democracia que cuando les conviene es directa o participativa, cuando los números les son esquivos se transforma en representativa pura y dura, poniéndose la mayoría parlamentaria al servicio de su objetivo político y no del interés nacional.

La aprobación de las enmiendas pone fin a la ficción del constitucionalismo rígido; es decir, de la Constitución popular, de la supuesta legitimidad democrática derivada de la búsqueda de un cambio que no se ha dado en la práctica.

No se trata de defender a ultranza un texto constitucional que contribuyó a este hiperpresidencialismo y a la anomia en que vivimos, se trata del autoritarismo detrás de los cambios, algo que debería movilizar a cualquiera que estime que la democracia es más que votos y guardar ‘formas’ sin contenido.

Los votos no transforman una acción ilegítima en legítima, deben respetarse las reglas del juego más allá de las apariencias porque no es verdad que la enmienda constitucional aprobada proteja o amplíe derechos: convertir un derecho en servicio público es incrementar potestades estatales con capacidad de regular y controlar el mensaje, permitir la reelección indefinida es una alteración, con una centena de votos, de una decisión fundamental aprobada en referéndum por millones de personas, y que las Fuerzas Armadas asuman funciones en el ámbito de la seguridad interna es un peligro. La historia está plagada de ejemplos de los riesgos asociados a su uso en estas tareas.

Dicho esto, no creo que la aprobación de las enmiendas pueda ser calificada de “golpe de estado”, es un golpe de realismo político, una contradicción con los valores que decían defender, una acción que contradice el propio ideario de un partido político que nació bajo el paraguas de la participación popular.

Usar ciertos conceptos puede ser de gran relevancia comunicacional al servicio de una diversidad de propósitos que van desde la movilización, la denuncia, la búsqueda de adhesión o rechazo; pero puede ser peligroso cuando el poder los usa con igual “liberalidad”.

@farithsimon