Los ecuatorianos hemos legitimado golpes de Estado con decisiones del Legislativo. Ahora, el Gobierno da un salto, quiere dotarse de más medios de poder, con un referéndum. Forma democrática para elementos de un golpecito de Estado. El Ejecutivo, en efecto, quiere reorganizar otro poder del Estado, el Judicial, lo que no es su competencia. Para ello, pasa por encima de la Constitución y de los procedimientos internos para institucionalizarla tras su larga inestabilidad. Pasa también por encima del Quinto Poder, el del endeble Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), que debería legitimarse cumpliendo sus atribuciones y teniendo posiciones independientes ante el Ejecutivo. Ahora, el Ejecutivo quiere poner de lado las atribuciones del CPCCS y sus planes de nombrar al Consejo de la Judicatura y quiere una comisión que difícilmente será autónoma de él. De paso, el Legislativo, ya sin iniciativa, quedó cortocircuitado, cuando al menos su criterio debería anteceder cualquier decisión sobre si es necesario el referéndum. Más bien tendrá que someterse a lo que los “anexos” referendarios dicen, complicadísimos e incomprensibles para la mayoría, con una serie de artículos a reformar y leyes nuevas por hacer.
Todo ello para causas o razones -como la inseguridad, principal justificativo- que requieren políticas y voluntad política del Ejecutivo, mas no leyes ni reformas constitucionales. Si fuese cierto que prolongar la prisión preventiva fuese eficaz contra la delincuencia, por ejemplo, ya lo habría sido hasta recién, cuando predominó esa medida. Correa, en cambio, empuja a la sociedad a ser más conservadora de lo que ya está. Refuerza la primaria idea que la solución es represión y orden fuerte.
Ninguna de las otras medidas urge, ni es necesario el referéndum. En cambio, a más de darle otro baño de popularidad a Correa y legitimarse con otra victoria, en caso de ganar, amplía su poder, pues de hecho cortocircuita al Quinto Poder y al Legislativo, tendrá jueces más de acuerdo con él y una instancia de control y presión a la prensa. Así, la interrogante de fondo es ¿por qué legitimar el golpecito y si conviene o no un Ejecutivo con tanto poder? ¿Por qué el proyecto necesitaría más poder; desde luego, cuál proyecto? Lejos de legitimar las reformas hasta ahora realizadas, un Ejecutivo concentrador del poder llevaría a lo contrario, sería asemejado a un dictador con la secuela que ello implica, de abuso del poder, de silenciar a la crítica, de limitar la participación ciudadana y favorecer a la clientela, es decir, devalúa la idea de poder ciudadano. Pierde la causa por la que organizaciones sociales y políticas se integraron a Alianza País. Victoria de hoy derrota de mañana. Que difícil en Alianza País ser de izquierda con un poder concentrado; aún más complicado defender ahí la democracia.