Sebastián Mantilla

Golpe letal al correísmo

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Una de las piedras angulares que permitieron al expresidente Rafael Correa concentrar de manera excesiva el poder y luego instaurar en el Ecuador un sistema autoritario nunca antes visto en la historia política fue a través del control de la justicia.

Esto se remonta a la consulta popular del 7 de mayo de 2011. El presidente Correa planteó la necesidad de sustituir el Consejo de la Judicatura de ese tiempo por uno de transición, conformado por tres miembros: un representante del Ejecutivo, uno del Legislativo y otro de la función de Transparencia y Control Social.

El hecho de que Correa haya obtenido previamente una mayoría en la Asamblea Nacional (modificando la ley electoral a su antojo) e interfiriendo en el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hizo que prácticamente los vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio hayan sido puestos a dedo. Sobre ellos recayó la reestructuración de la función judicial y la designación de jueces en todo el país. Es lo que llamó en ese tiempo como la “metida de mano en la justicia” de parte de Correa.

Curiosamente, pocos meses después, el ex secretario particular de la Presidencia y ex ministro del Interior del gobierno de Correa, Gustavo Jalkh, pasó a presidir el Consejo de la Judicatura. De igual modo, cuatro de los cinco vocales de este Consejo estuvieron vinculados con el proyecto de la Revolución Ciudadana.

El lunes, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS), cesó a los vocales del Consejo de la Judicatura y declaró como ilegítimas sus acciones. Con ello, se pone freno y se corta de raíz la enfermiza intervención del ex presidente Correa en el sistema de justicia del Ecuador.

En un informe que duró cerca de cinco horas, Trujillo dejó en claro la ilegitimidad de las acciones realizadas por los miembros cesados del Consejo de la Judicatura. Se hace referencia no solo al proceso viciado que se siguió para su designación sino también a un evidente conflicto de intereses, tráfico de influencias en la nominación de notarios, “hackeo” del sistema informático que permitió modificar sentencias de jueces, encubrimiento de irregularidades y utilización de mecanismos para ocultar información pública.

Y aunque lo mencionado no deja de ser grave, uno de los elementos que ocupa un espacio importante dentro del informe del CPCCS es lo referente al “error inexcusable”. Argumento frecuentemente utilizado por Jalkh (y por ende, por su jefe) para cesar a jueces que no se “alineaban con sus políticas”. De acuerdo al texto, se establece que este recurso no solo se aplicó de manera selectiva sino que fue ilegal.

Lo actuado por el CPCCS abre la posibilidad para una nueva reestructuración de la justicia (libre de injerencia política) y para que ahora sí se sancione de manera ejemplar todos los casos de corrupción. Golpe letal al correísmo.

smantilla@elcomercio.org