Abelardo Pachano

Inquietudes nacionales

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1. ¿Cuáles efectos debieran esperarse de la nueva versión de la Ley de Herencias?
Antes de contestar la pregunta, conviene dejar constancia que cualquier comentario que se derive de este análisis no busca justificar acciones elusivas de pago del impuesto referido o de cualquier otro. Si el objeto de la ley es solo conseguir su cumplimiento, sin impactar en la funcionalidad de la economía mediante la preservación de la inversión y las fuentes de empleo, no cabría otro comentario que no fuera el de la coincidencia con los objetivos propuestos. Pero, al revisar el contenido, surgen dudas sobre el impacto que se podría derivar en la vitalidad con la cual debe trabajar la economía.

Miremos con un poco de detenimiento lo que se busca conseguir: obligar a que tributen todos los fideicomisos (que son patrimonios independientes), formados con aportes de personas o sociedades para realizar o mantener ciertos activos. Algunos de estos, creados con el propósito de administrar activos productivos, al ser considerados, por presunción, como sujetos pasivos del citado tributo, podrían encontrarse en la disyuntiva de dar por terminada su existencia, pues deberían vender una parte del patrimonio para cumplir la ley. El efecto sería la desestabilización de las empresas involucradas y, con ello de sus fuentes de empleo. Implica además poner una interrogante sobre la propiedad de la empresa y su posible descapitalización.
Aquí no se trata de cuestionar la aplicación de esta reforma, sino del efecto que causa en la viabilidad de buena parte de la inversión privada. Otra vez, el debate se abre sobre la conveniencia de poner en alerta a los agentes económicos sobre la estabilidad de sus patrimonios. Ahora, si el Gobierno está consciente del efecto que se deriva en la conducta de los inversionistas privados, pequeños o grandes, no importa y los subsecuentes daños que trae consigo en el empleo, la propuesta seguirá su marcha.

Estoy convencido que este tipo de legislación tributaria es dañina por esencia. Es albarda sobre aparejo. Es mucho más sano no tenerla y descansar en un sistema tributario progresivo, sin exclusiones, simple y claro, acompañado de una política de gasto con prioridades sociales definidas, que ayude a corregir las desigualdades.

Su introducción altera la conducta promotora del desarrollo: la inversión privada y con ello retrae las oportunidades de bienestar de los trabajadores. Aumenta el riesgo de invertir en el país, frente a otras sociedades. Obliga a buscar rentabilidades superiores para cubrir estas pérdidas futuras, con daño a los consumidores. Por eso muchos países, incluso algunos reconocidos como socialistas, las eliminaron. Además, no son rentables, con lo cual resultan ser ineficientes y perversos.
En la parte operativa, las disposiciones legales demuestran ser inejecutables pues los requisitos para llevar adelante su cumplimiento no pueden cumplirse. Finalmente, el destino de este impuesto se lo quita a los municipios a favor del Presupuesto del Estado.

2. ¿El nuevo proyecto de Ley de Herencias (o para evitar la
elusión) puede interpretarse como el archivo del proyecto de Alianzas Público-Privadas?

No lo creo, pero si es un mensaje reiterado del Gobierno sobre una visión de sociedad en la cual la acumulación de capital, legítima y que cumpla con las obligaciones tributarias directas, es mal vista. Al cuestionarla, avisa de su desagrado por los resultados obtenidos a lo largo de una vida y los castiga a la muerte del promotor.

Si ahora el país requiere con angustia la presencia de la inversión privada, lo cual se ve con mucha claridad en el proyecto de Alianza Público-Privada, que crea un club exclusivo de empresas que están exoneradas de todo tipo de impuestos (así como leen de todos), durante muchos años, es difícil entender la lógica que reside en la reiteración de este tema que no solo les puede afectar a las empresas que se conformen con este propósito exclusivo (que a la final serán monopolios privilegiados creados por ley, con sus ventajas y deformaciones), sino a todas las demás que para trabajar en el país si deben pagar la multiplicidad de impuestos existentes.

La inversión privada requiere reglas claras y estables. Su permanente cambio la retrae. Crea un ambiente de duda. La búsqueda de cooperación con los propósitos públicos no demanda necesariamente sacrificio del Estado, sino un trato serio que asegure el mantenimiento de las reglas impuestas al momento de su incorporación. Ahí se mide el riesgo y la conveniencia de su participación. La historia de estas APP no lleva a una recomendación clara.

3. En la práctica, ¿qué impactos habrá en la economía con una pro forma presupuestaria para el 2016 que tendrá un techo máximo de USD 30 mil millones?

Producirá varios efectos: reordenará el tamaño del Gobierno y sus instituciones. Eso conllevará una revisión de su papel como inversionista principal del país, que traerá un efecto directo en la contracción del crecimiento de la economía. Seguramente, ocasionará la reducción de la plantilla burocrática y de la existencia de algunas instituciones.
La reducción del gasto también traerá impacto en las actividades privadas que se han nutrido de la exuberancia fiscal. Habrá menos recursos disponibles y, consecuentemente, decaerá el gasto privado. La economía tenderá a reducirse hasta encontrar el nuevo equilibrio y eso implicará mayor desempleo e inequidad.

4. ¿Comparte el criterio de que el Gobierno ecuatoriano está ya aplicando medidas fondomonetaristas? Y si la respuesta es sí, ¿Qué se viene después?

Lo que se ve son destellos de rectificación hacia el reencuentro de los equilibrios macroeconómicos perdidos. El país debe resolver los dilemas construidos por la política económica.