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Los días iniciales del nuevo gobierno han venido aparejados de varias decisiones que, en lo político, a no dudarlo han contribuido a bajar la tensión. El anuncio que la seguridad del Primer Mandatario seguirá a cargo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; el acuerdo de las autoridades con la Universidad Andina; el veto total a la ley que a última hora aprobaron los diputados de la anterior Asamblea que modificaba la marcha de la Legislatura; la instrucción a altos personeros del gobierno para que atiendan las inquietudes de la prensa; entre otras, son señales que han servido para reducir conflictos que, a todas luces, aparecían como excesivos e inútiles. Con ello, al parecer, se pretende reacomodar el frente interno y conseguir adhesiones al régimen, para cuando llegue el ineludible momento de imponer correctivos en lo económico. En esto casi no ha existido ninguna novedad, las nuevas autoridades se han conducido en la inercia trazada por el régimen que concluyó. Y, simplemente, no hay manera de continuar de esa forma. Los analistas económicos repiten hasta el cansancio que el modelo que perduró por casi una década es insostenible y las cifras parecen darles la razón. ¿Se puede insistir en un escenario en el que, para mantener el elevado gasto que realiza el Estado, se requiere contratar mensualmente nueva deuda cercana a los mil millones de dólares? ¿Hasta cuándo se puede aguantar ese ritmo?
Visto lo anterior, los consejeros del gobierno parece que se inclinaron inicialmente por tratar de recomponer una frágil armonía social, perdida en una bochornosa etapa inundada de diatribas y vituperios, para así intentar aminorar la conflictividad generada con diversos sectores, conducida a niveles nunca antes registrados. Imposible realizar reformas en el orden económico tendientes a modificar algunas de las políticas implementadas en el anterior gobierno, si el enfrentamiento continuaba vigente y un actor político continuaba atizando el fuego desde las redes sociales, criticando todo lo que hace su sucesor.
Pero el momento más tarde o temprano llegará y ahí ya no será posible contar con la anuencia de todos los sectores. De cualquier manera alguno de ellos será afectado. Si se reduce el gasto público se dirá que el gobierno se ha entregado a los postulados liberales, privilegiando al capital en desmedro de brindar atenciones básicas. Si para seguir alimentando al Leviatán criollo se opta por aumentar la carga tributaria, a un sector productivo asfixiado por los costos, el resultado será casi nulo en creación de empleo; dicho de otra manera, no habría combate real y efectivo a la pobreza.
Encontrar las soluciones adecuadas exige una gestión delicada, que tiene como primordial tarea reconstruir la confianza. Para ello será necesario gastar enormes cantidades de tiempo en dialogar, tender puentes, construir acuerdos entre los distintos sectores para en conjunto y de manera consensuada evitar una crisis de enorme magnitud.