Al Gobierno le faltan recursos para financiar las actividades culturales en el país y propuso una ley que, entre otras cosas, grava con el 10% el consumo de películas extranjeras. La Asamblea definirá el tema esta semana.
No se trata de un impuesto que busque modificar los hábitos de consumo de la población o que arregle alguna distorsión en el mercado. Su único objetivo es conseguir dinero para las arcas fiscales, específicamente para un fondo de cultura.
Este impuesto al consumo de películas importadas -que el oficialismo lo llama contribución- parece ser la manera más fácil de obtener entre USD 7 y 8 millones anuales, recursos que saldrán del bolsillo de los consumidores o de las empresas.
Al Gobierno también le faltan recursos para financiar la atención en salud, sea en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o en la red de centros de atención del Ministerio de Salud. Y la solución para conseguir más ingresos fue incorporar una disposición en el proyecto de Ley de Medicina Prepagada, con la cual se prevé obtener al menos USD 70 millones de las empresas privadas que ofrecen estos servicios.
Este tema se definirá mañana en la Asamblea. Si todo marcha según los cálculos del oficialismo, las cadenas de cine y las empresas que ofrecen servicios o pólizas de salud tienen tres opciones ante las decisiones del Gobierno: asumir completamente los nuevos costos, aumentar los precios al consumidor final o combinar ambas opciones.
La empresa Salud S.A., que ofrece servicios de medicina prepagada, decidió dejar a sus clientes corporativos y ofrecer planes individuales, a mayor precio. Esta medida, que puede tener un efecto dominó en el mercado, está en la mira del Gobierno, que quiere controlar cualquier aumento de precios.
Lo que el Gobierno no parece dispuesto a controlar son sus gastos. En el primer semestre de este año, en medio de una recesión, el gasto en sueldos subió en USD 152 millones, un 4% más respecto a igual período del 2015.