La gran diferencia

Los actos de corrupción que da cuenta la prensa internacional se producen en varios países, sin distingos de ideología, los cuales involucran tanto a los que se reclaman de izquierda, de centro o conservadores, sin duda alguna producen desasosiego en los electores y el consecuente descrédito de los sistemas políticos.

Este escenario es tierra fértil para los cínicos y los aprovechadores. Si todos son colocados en un mismo saco será fácil actuar a sus anchas y solo esperan hacerse del poder o mantenerlo, según el caso, para continuar en sus protervos actos que corrompen la médula misma de los sistemas. De allí que siempre será bueno retirar la paja para rescatar los comportamientos de verdaderos demócratas y observar el funcionamiento adecuado de las instituciones jurídicas. Que exista corrupción en determinados grados parece inevitable si se tiene en cuenta que son actos humanos y como tales reñidos con la perfección y lo impoluto. Si se descubre un hecho de apropiación indebida de fondos, sobornos o de similar especie, el verdadero estadista deja que actúen los órganos competentes sin pretender influenciar en sus decisiones, respetando los pronunciamientos de la justicia. Es aberrante observar administradores que, por el contrario, buscan influir en los criterios de los magistrados incluso llegándoles a tildar de operadores políticos, cuando sus providencias no se ajustan a sus premisas o directrices, convencidos que el Poder Judicial tiene que ser una función subordinada a los intereses políticos de turno. Por eso no es lo mismo lo que acontece en España con lo que sucede por tierras americanas. Allá el Poder Judicial actúa aún contra expersoneros del partido político gobernante y este tiene que acatar las decisiones de los administradores de justicia, le guste o no sus fallos. En cambio, a este lado del planeta una presidenta arremete contra el Poder Judicial que investiga la participación de una empresa de su propiedad en una trama de blanqueo de dinero a través de supuestos hospedajes en hoteles.
En otros países la función judicial es presta para actuar en contra de los enemigos políticos de los gobiernos, pero es lenta y obsecuente cuando se juzga a sus amigos. Ciega y sorda cuando sale a la luz que un partido de gobierno, de izquierda, solicitó por años un porcentaje para sus arcas de todos los millonarios contratos de infraestructura.

Esa es la diferencia fundamental entre países con instituciones fuertes y aquellos que aún se debaten en una precaria estructura en la que la inseguridad reina. Esta fenomenología se aplica al resto de materias y se vuelve un arma en contra de la inversión y el desarrollo, condenando al atraso de los pueblos. A esta perniciosa práctica hay que sumar que las mayorías poco o nada exigen a sus políticos para que actúen con apego a la ley. Ese asunto para votantes que buscan paliar su mera sobrevivencia son temas secundarios, por lo que se vuelven presa fácil de la demagogia, permitiendo la materialización de un círculo vicioso que los tiene sumergidos en la pobreza.

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