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La gobernabilidad de Nicaragua

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José Adán Silva/  IPS
Con la amenaza de un bloqueo crediticio de Estados Unidos y otras señales de un paulatino cerco internacional, Nicaragua afronta en 2017 un camino empedrado para su gobernabilidad democrática y económica.

El exguerrillero Daniel Ortega iniciará el 10 de enero su tercer mandato consecutivo, tras su triunfo en los comicios del 6 de noviembre, en medio de acciones contra la falta de alternabilidad, como la de congresistas de Estados Unidos, que promueven un proyecto de ley para bloquear fondos de organismos financieros al país.

La administración de Washington en vez de felicitar por su triunfo a Ortega y al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cuestionó los comicios y demandó mayor apertura democrática. También la Unión Europea “lamentó” las condiciones en que se produjeron las elecciones. En su tercera concurrencia consecutiva a las urnas, Ortega, de 71 años y en el poder desde 2007, obtuvo 72,44 por ciento de los votos, según el Poder Electoral, en unos comicios cuestionados dentro y fuera de Nicaragua por la exclusión de los principales grupos opositores y la falta de transparencia en el proceso.

“Ortega aspira a cumplir otros cinco años en el poder, aunque sea bajo tormenta”, analizó para IPS el sociólogo y economista Óscar René Vargas, un dirigente histórico del FSLN, ahora disidente.

La Nica Act, como se ha bautizado aquí al proyecto de Ley de Condicionalidad de las Inversiones en Nicaragua, fue aprobado el 21 de septiembre por la Cámara de Representante estadounidense y espera su ratificación en el Senado y el posterior aval del gobierno, ya con el magnate republicano Donald Trump en la presidencia.

La iniciativa bipartidista busca que Estados Unidos vete todo programa de crédito o donación para proyectos de Nicaragua, por considerase a su gobierno como violador de derechos humanos y políticos de la población.

La economía de este país centroamericano de 6,2 millones de personas y con 38 por ciento de la población en situación de pobreza, según organismos internacionales, es altamente dependiente de fondos de la cooperación internacional, créditos blandos y donaciones, más ahora que se paralizó por su crisis interna el soporte financiero de Venezuela, determinante la última década.

Para Vargas, “el gobierno Ortega no saldrá ileso de esto, el daño ya está hecho y habría que medir las consecuencias”.

Recordó que en 2008, cuando los resultados de las elecciones municipales fueron cuestionados como fraudulentos por sectores internos y organizaciones internacionales, “y en los años siguientes, el gobierno enfrentó un masivo retiro de ayuda de Estados Unidos y Europa, sobre todo de los países nórdicos”.