20 de June de 2010 00:00

Globovisión, acosada

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Danilo Arbilla

Hugo Chávez, a través del poder judicial, ha librado orden de prisión contra los propietarios del Globovisión, el último canal de TV independiente que queda en Venezuela.

No quiere ningún tipo de testimonios en vivo y en directo.

La titular de la Relatoría Especial para la Liberad de Expresión, Catalina Botero, y el encargado de asuntos de Venezuela, comisionado Paulo Sergio Pinheiro, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, - comisión esta dicho sea al paso que justifica la existencia de ese organismo y disimula bastante la errática gestión de su reelecto Secretario General-, acaban de enviar una comunicación al gobierno chavista a raíz de los últimos atropellos cometidos en ese país contra la libertad de expresión.

Le manifiestan su preocupación por la prisión y multa (menú completo) dictadas contra el periodista Francisco Pérez, columnista del diario El Carabobeño, por denunciar la corrupción de un alcalde oficialista; la orden de prisión librado por la “justicia” contra el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga y su hijo,- días después que Chávez reclamara públicamente que los pusieran presos- y por los atentados con bombas molotov contra la sede de la Cadena Capriles por turbas alentadas por voceros y funcionarios del gobierno.

La comunicación es harto ilustrativa sobre el nivel del “Estado de Derecho” que rige en la Venezuela de Chávez. En ella se remarca “la existencia de un marco jurídico inadecuado, la cada vez mayor intolerancia del Ejecutivo a las críticas y a la disidencia, y la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial' “lo que” ' ha permitido que ' se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos y la protesta social pacífica, y perseguir penalmente a los críticos o disidentes políticos“.

El Comisionado y la Relatora insistieron en advertir sobre “el uso de instrumentos como la justicia penal para silenciar las expresiones críticas o disidentes” y manifestaron su “enorme preocupación (por) que se condene a un periodista por el delito de ‘irrespeto a funcionario público” por la publicación de un artículo en el que se denuncia un posible hecho de corrupción; o que se pueda estar utilizando el derecho penal como vía indirecta para censurar a quien es propietario de uno de los únicos medios independientes del gobierno que aún subsisten en Venezuela.

Estos hechos son una muestra más del preocupante consenso entre las autoridades del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en el sentido de que es legítimo silenciar a las personas críticas del gobierno a través del derecho penal, afirman los expertos internacionales.

Convendría que se le enviaran copias de esta carta al secretario Insulza y al comité Jurídico de la OEA para que cotejaran estas “adecuaciones constitucionales” bolivarianas con la Carta Democrática Interamericana.

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