Al ministro coordinador de la Producción, Vinicio Alvarado, le resultó “más que simpático, hasta anecdótico, que se haya hecho toda una noticia alrededor de un pequeño error en un tema que no es trascendental”. Eso lo dijo la semana pasada, cuando se refirió a que la venta de licor los viernes y sábados no sería hasta las 04:00 sino hasta las 02:00.
Pero a la Asociación de Bares y Discotecas de Guayaquil, que agrupa a cerca de 150 locales, no le pareció ni simpático ni anecdótico. Ya se había abastecido de productos y muchos contrataron grupos musicales para cubrir el nuevo horario de atención.
Todas las expectativas que tenían los dueños de los negocios se desinflaron.
¿Por qué no aceptan que fue un error gigante? Porque parecen saturados de poder.
Ya lo demostraron en el caso del Issfa. El 10 de febrero, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, señaló que hubo un “error de buena fe” del Ministerio del Ambiente (entonces manejado por Marcela Aguiñaga) al comprar 66 lotes en Samanes.
Ese “error de buena fe” terminó con la salida repentina de la cúpula de las Fuerzas Armadas y con una dilatada discusión entre los militares retirados y el Gobierno.
Esos roces se agravaron la semana pasada, cuando intervinieron militares activos, como el director del Issfa, brigadier general Juan Francisco Vivero. El oficial recurrió al artículo 23 de la Ley de Comunicación para pedir que la Secretaría de Comunicación (Secom) rectificara una información difundida el 12 de mayo. Ese día, el ente oficial publicó un video en los medios de comunicación y aseguró que el Gobierno transfiere al seguro de las Fuerzas Armadas USD 120 millones cada mes.
El presidente Rafael Correa aseguró lo mismo en su cuenta de Twitter, pero Vivero refutó.
Apenas el pasado sábado, el Jefe de Estado divulgó un artículo de su autoría e indicó que la cantidad que paga mensualmente es de USD 51 millones. Sin embargo, nunca mencionó corrección alguna. Todo lo minimizan. Esa práctica se ha vuelto usual.