El jueves pasado, la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) pronosticó que la economía ecuatoriana crecerá en apenas 1,7% durante este año. Más allá de lo preocupante que resulta tener un crecimiento tan reducido –apenas suficiente para igualar al crecimiento de la población y evitar que, en promedio, no se empobrezca– este dato debería llevarnos a reflexionar sobre un tema de fondo: los límites del gasto fiscal como instrumento para estimular al aparato productivo.
La ventaja política del gasto público es que provoca un efecto inmediato sobre el consumo de los hogares –es decir, sobre los votantes– porque el Estado comienza a pagar salarios altos a los burócratas, a comprar masivamente a sus suplidores y a subsidiar indiscriminadamente a la población. Por eso, el gasto público es el instrumento favorito de los populismos.
El problema es que el efecto multiplicador del gasto público también funciona en sentido contrario: cuando se contrae, la economía se perjudica de forma más que proporcional. (Por eso es que los programas de ajuste aplicados en décadas anteriores provocaron efectos económicos y sociales tan perniciosos).
Fomentar el crecimiento con base en la inversión privada –local y extranjera– y con base en exportaciones tarda más porque los proyectos productivos toman tiempo para florecer. Sin embargo, aquellos emprendimientos tienen un efecto más sostenible en el tiempo porque atienen las necesidades de un mercado que opera en el largo plazo. Se requiere, además, que el Estado garantice seguridad jurídica y condiciones macroeconómicas estables.
Políticamente hablando, se trata de una apuesta riesgosa para cualquier Gobierno que privilegie la popularidad inmediata, porque los beneficios en términos de empleo e ingresos para la población solo se ven varios años después de realizadas aquellas inversiones.
Cobijado por un ‘boom’ petrolero sin precedentes y ayudados por la dolarización, el actual Gobierno creyó haber encontrado la receta perfecta para mantener su popularidad y promover el crecimiento: gastar a mansalva.
La caída del petróleo ha puesto en solfa aquella receta supuestamente ideal. Para seguir aplicándola, las autoridades están endeudando al país de forma cada vez más acelerada, una política que equivale a dar las espaldas a un problema estructural de la economía para que las futuras generaciones –y los futuros gobernantes– los resuelvan, asumiendo costos más elevados.
Corresponde, por tanto, un giro de timón. Las autoridades y, sobre todo, la sociedad ecuatoriana deben darse cuenta que un crecimiento sólido y sostenible solo se puede producir impulsando la inversión privada –local y extranjera– e incentivando la oferta exportable del país.
@GFMABest