Abelardo Pachano

Un gasto público desbordado

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No hay duda de la capacidad del Gobierno para encontrar una justificación, por rebuscada que sea incluso sofista, a cada una de las decisiones que propone al país.

Tan pronto aprecia que el tema trae malas reacciones políticas, lo abandona o actúa con apremio y cambia la discusión de la temática. Ejemplos al canto. Se le ocurre el impuesto a la comida con mucho carbohidrato, la llama chatarra, pero luego se da cuenta que afecta a los sitios de expendio populares. Entonces cambia y afirma que solo quiere imponer un impuesto, dedicado a las cadenas internacionales de comida rápida, a las cuales les califica de “proveedores de comida chatarra” y lo justifica para combatir la obesidad y el gasto de atención de salud que le ocasionará al Gobierno.

Son solo ellas, no las que ofrecen comida nacional. De Ripley, pues no existe razón científica que ampare tal clasificación y discriminación. En el fondo, aunque no lo quiera reconocer, necesita más dinero para cubrir el déficit y por el momento no tiene fuentes alternativas. El impacto es pequeño, pero no importa algo cae. Además, afecta a grupos económicos que tienen recursos y esto se puede vender políticamente.

El cercenamiento de las utilidades a los trabajadores de las telefónicas es otro ejemplo. No importa si aquello viola un derecho adquirido y legítimo, que además ocasiona un daño a las finanzas de muchas familias, cuya programación con seguridad les llevó a tomar compromisos con esos recursos. Con esa plata van a comprar cualquier cosa para justificar esta decisión. En el fondo, aunque no quiera reconocer, necesita más dinero para cubrir el déficit.

Los licores, cigarrillos van por igual camino. Mañana ya veremos a quien se lo pone en la mira. La nueva ley de la plusvalía también se asienta en el beneficio excesivo e ilegítimo de los propietarios. Con ella no arregla lo que dice resolver. Es más, genera distorsiones y destruye oportunidades de inversión. En el fondo, aunque no lo quiera reconocer, necesita más dinero para el déficit.

Y la cuenta sigue. Los fondos previsionales privados tampoco se libran de la batalla. Los estatiza sin razón valedera ni facultad para hacerlo, pues el hecho de que alguno haya recibido aporte del Estado, que se entiende legítimo o por lo menos legal, no impide ni cuestiona su manejo privado. Ahora, el Biess dirá en que se invierte ese dinero, en la parte que no lo retiren y con seguridad serán papeles del Gobierno. En el fondo, aunque no lo digan, servirán para ayudar al déficit. Así hicieron con la RILD.

Deuda, impuestos, uso del ahorro interno, contracción de la actividad privada, daño a la ecología trae esta política desequilibrada fiscal. Y pensar que la auspiciaron economistas que se dicen defensores de la naturaleza, pero enemigos de la prudencia y la previsión.