Miguel Rivadeneira

El futuro de las FF.AA.

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Los mandos militares deben hacer una autocrítica por los errores y debilidades que han tenido a su turno desde el comienzo de esta administración. Les ha faltado firmeza porque han permitido –por acción u omisión- empeños del poder por dividir a tropa y oficiales con el argumento de lograr igualdad y equidad en los derechos, sin entender que es una institución piramidal, jerarquizada y con antigüedades. El honor y la lealtad a la institución no se ponen en juego para lograr funciones temporales.

FF.AA. tienen hoy mayores responsabilidades. Primero respeto a la Constitución, que está llena de derechos. Si bien eliminaron la disposición de que sean garantes del ordenamiento jurídico, incluyeron una disposición más potente (art. 158), de obligatorio cumplimiento: FF.AA. y la Policía son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Luego señala que tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial y complementariamente apoyar en la seguridad integral del Estado.

Está en juego el futuro de FF.AA. y todos los generales y almirantes tienen una responsabilidad histórica: cómo dejan a la institución, sin caer en la provocación de la administración que está de salida y desesperada por recursos debido a la aguda crisis económica interna que le ha llevado al país y pretende desviar la atención confrontando a todos y decir que mejora la situación en medio del proceso electoral. Si consideran que se han vulnerado derechos en las últimas reformas a la Ley del ISSFA, tienen la obligación de presentar a la CC una demanda de inconstitucionalidad. Si el argumento oficial es que no se afecta a los actuales, ¿no es irresponsable dejar a los jóvenes que defiendan la Patria en una institución sin régimen especial como señala la Constitución y como ocurre en el mundo? Si no les atienden sus reclamos de recursos, demandar por la retención indebida de fondos cuando el gobierno adeuda USD 347 millones al seguro social militar. También existe el recurso constitucional de acción de protección.

Los militares tienen la obligación de ejercer un estricto control independiente para hacer respetar la expresión popular en las urnas en los próximos comicios ante dudas y desconfianza en el organismo electoral, identificado con el poder. El hecho de que sean obedientes al poder civil no significa que no sean deliberantes internamente y así proceden para elaborar los planes de seguridad y defensa.

El poder no logró que se allanen al proyecto político -como hicieron en Venezuela con sus deterioradas FF.AA., acusadas de corrupción y vínculos al narcotráfico- y como no pudo emprendió acciones sistemáticas para menoscabar derechos, a sabiendas que es una institución que goza de un alto índice de respaldo y credibilidad por la imagen profesional y el cumplimiento de sus tareas.

mrivadeneira@elcomercio.org