La invalorable e insustituible participación de las FF.AA. en la seguridad interna, ha merecido la confianza de la nación ecuatoriana y el fortalecimiento de la capacidad operacional militar para mejorar la seguridad nacional y para, como se dijo, jamás se repita un Angostura.
Obviamente se está haciendo referencia a la soberanía, a la protección y seguridad de fronteras, a la protección de áreas estratégicas que como la infraestructura petrolera constituyen la base de patrimonio y economía nacional.
Por esta razón sorprende y resulta incongruente que ahora se cambie las misiones de las FF.AA., argumentando únicamente que un nuevo equipamiento y entrenamiento les habilitaría para cumplir tareas policiales. No se reflexiona en que si a una institución se la cambia su ley, sus objetivos, su equipamiento, su organización, doctrina y su empleo dejan de ser la institución original.
La Policía Militar, que se pretende adoptar como modelo significa que las FF.AA., se transformaran en cualquiera de los tipos de una Policía Militarizada, que según los países se los denomina gendarmería, guardia nacional, guardia civil, carabineros o Policía Militar como en Brasil, pero que no deja de cumplir misiones policiales y de gendarmería. La Policía tiene un rol relevante e insustituible en el funcionamiento de la administración de justicia. Basta solo considerar la identificación de delincuentes y agresores de la ley, investigación procesal, análisis de pruebas, criminalística, informes para fiscales y jueces, facultad legal para realizar detenciones y especialización para combatir el narcotráfico.
En este papel irreemplazable de la Policía, se deben considerar sus conexiones para obtener información y combatir el delito transnacional, como el narcotráfico y tráficos ilegales. Ya que las organizaciones internacionales muy difícilmente tramitarán información y otros requerimientos por los canales militares, porque son respetuosos de la legitimidad legal y específica especialización.
Aun teniendo la facultad legal de empleo de las unidades militares en tareas policiales, se deja desprotegidos legalmente a los soldados en el cumplimiento de esas nuevas misiones policiales.
En el Ecuador el problema adquiere mayor gravedad cuando detrás de la justificada preocupación de la seguridad ciudadana y del combate a la delincuencia se busca tener a las FF.AA. en seguridad; en tareas de control del orden público, cuando en manifestaciones, debido a la disputa social, política y civil, especialmente en escenarios políticos próximos se puedan avizorar tendencias violentas.
Las FF.AA. entonces entrenadas y equipadas quedarán a la discreción de ministerios para su empleo, conforme se ha pedido reformar la Ley de Seguridad Pública y del Estado; mientras está pendiente la Ley de Seguridad Ciudadana en la Asamblea.