Antonio Rodríguez Vicéns

La crisis del fútbol ecuatoriano

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29 de julio de 2014 00:00

La huelga de los jugadores no es la causa de la crisis del fútbol ecuatoriano: es uno de sus efectos. La mayoría de clubes, que sólo son equipos de fútbol, no se ha institucionalizado. Los actuales dirigentes de la Federación, que han privilegiado la clasificación al campeonato mundial y la conservación de sus cargos, han sido incapaces, a pesar de los largos años que llevan ejerciéndolos, de iniciar un proceso de reformas que conduzca a su fortalecimiento. Los resultados están a la vista: clubes sin estructuras sólidas, débiles y desfinanciados. El mal llamado campeonato nacional (en la verdadera primera categoría sólo hay representantes de siete provincias) es mediocre, carece de interés y se juega con estadios con poquísimos espectadores.

La reforma del fútbol ecuatoriano debe comenzar por el cambio de la caduca estructura de la Federación, que ha permitido una negativa y deshonesta política clientelar. El congreso nacional, que toma las decisiones fundamentales, está integrado por veintiún asociaciones provinciales (con un voto cada una, salvo Guayas y Pichincha, que tienen dos) y veinticuatro clubes (con dos votos cada uno). La presencia en él de las asociaciones provinciales, que ya no ejercen las funciones y ya no tienen la incidencia de antaño, no se justifica. Los clubes de la primera categoría (serie A), que son los que hacen en realidad el fútbol, están en desventaja: sus votos representan apenas el treinta y cuatro por ciento del total.

Esa integración del congreso, con la participación de asociaciones provinciales que nada aportan, que ni siquiera tienen equipos en la primera categoría, ha impulsado una política clientelar que, a cambio de un respaldo electoral, ha llevado al control casi total de la Federación: omisión de normas de las leyes, el estatuto y los reglamentos, para eliminar o atenuar exigencias; información insuficiente sobre ingresos y egresos; despilfarro de recursos en invitaciones innecesarias y viajes turísticos e injustificados; entrega improcedente a las asociaciones provinciales de un porcentaje de los ingresos que genera el contrato de televisión para la transmisión de los partidos del campeonato nacional…

Es urgente crear mecanismos independientes de control y de fiscalización para las instituciones del fútbol -los clubes, las asociaciones provinciales y la Federación- y para sus directivos. El caos vigente no debe continuar. Los organismos del estado, teniendo en cuenta la trascendencia pública del fútbol, tampoco pueden eludir su responsabilidad. Es necesario que adopten una política coherente, estableciendo, por ejemplo, incentivos para los jugadores o para la inversión en esta actividad, superando su función exclusiva de recaudadores de impuestos y de organizadores de almuercitos de promoción cuando la selección nacional o los clubes, que carecen de su apoyo, han alcanzado algún triunfo importante.

Antonio Rodríguez Vicéns arodriguez@elcomercio.org