Ivonne Guzmán

Funcionarios que no funcionan

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¿Para qué sirve un funcionario? La respuesta es facilísima: para hacer que las cosas de propiedad e interés públicos funcionen en beneficio de la sociedad. El sustantivo funcionario viene del verbo funcionar que “dicho de una persona o de una máquina” significa “ejecutar funciones que le son propias”. Cada funcionario estatal tiene sus funciones particulares; así, por ejemplo, un asambleísta tiene dos únicas funciones: legislar y fiscalizar. Pero por alguna razón, este tipo de funcionario, la mayor parte de las veces no va ni para atrás ni para adelante; es decir, no funciona.

Uno ve hablar, moverse o gesticular al funcionario-asambleísta y no puede más que compararlo con un juguete roto o al que se le está acabando la pila; o sea: que no funciona. Algunos –no muchos– no funcionan porque las fuerzas de las manos alzadas de otros asambleístas no los dejan funcionar. Y los otros no funcionan porque las propias manos alzadas, que al parecer están desconectadas del comando central (el cerebro), no los dejan funcionar.

Hay un caso fresco que grafica esta inoperancia: el viernes pasado la Comisión de Fiscalización dejó en el aire la decisión sobre el juicio político al Consejo de la Judicatura. Solo tenía que decir si recomendaba o archivaba el juicio. No lo hizo (con la leguleyada del vacío legal que dejó la ausencia de la asambleísta Carla Cadena). Es decir, no funcionó porque no hizo lo único que debía hacer: trabajar, tomar una decisión y pronunciarse.

En lo que parece un intento aislado de funcionamiento, la Presidenta de la Asamblea urgió a la Comisión de Fiscalización a dejarse de juegos y que diga si recomienda o archiva el juicio al Consejo de la Judicatura.

Lo que parece que no entienden demasiados asambleístas es que el país debe seguir funcionando y que la realidad nacional rebasa largamente su impasibilidad, sus filias, sus fobias y sus cálculos politiqueros. Si ya se hubieran pronunciado sobre el juicio político a Jalkh y los suyos, por ejemplo, tendrían la cabeza despejada para desenredar la confusión alrededor de la solicitud de la Corte Nacional –a petición del Fiscal General (e)– de autorizar, o no, el procesamiento penal de Rafael Correa por el secuestro de Fernando Balda. Los correístas dicen que el Pleno debe autorizar el proceso y la Presidenta de la Asamblea ya dijo que no hay nada que autorizar, que la justicia haga lo que tenga que hacer. El plazo para que se pongan de acuerdo y emitan un pronunciamiento oficial vence mañana. O sea, deben ponerse a funcionar sí o sí.

Los asambleístas que tengan amor propio o algún residuo de decencia, deberían preguntarse cada día para qué buscaron ser funcionarios. La respuesta no tiene que ser heroica ni lírica, sino pragmática: para hacer que las cosas de propiedad e interés públicos funcionen en beneficio de la sociedad. Solo eso.

iguzman@elcomercio.org