Arturo Torres

El frente anticorrupción

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La creación de comisiones fue una práctica común en el anterior gobierno. Y sus resultados, a más de voluminosos informes, tuvieron poca repercusión judicial.

El presidente Lenín Moreno acaba de anunciar la integración de un frente anticorrupción, para lo cual invitó públicamente a 13 personas, entre las cuales hay siete que son parte del Gobierno o han estado vinculados al anterior Régimen.

La última década se creó una nueva institucionalidad y se reorganizaron las entidades de control, que fueron copadas por personajes afines al gobierno del expresidente Rafael Correa. Eso mermó la independencia de poderes y fue una de las causas del desgaste de Alianza País, que no valoró la importancia de una fiscalización eficaz.

Las experiencias con estos organismos evidencian que sus miembros, en la mayoría de casos, al no ser independientes, se limitan a avalar las tesis oficiales. Una muestra es lo ocurrido con la Comisión del 30-S, que ratificó un ‘golpe blando’ y que los responsables eran policías y políticos de la oposición. Uno de sus miembros fue el hoy fiscal Carlos Baca Mancheno.

Otro problema es la duplicación de funciones y esfuerzos, con ingentes gastos para el Estado. En la anterior administración también se creó la Comisión de la Verdad, que en su informe final, difundido en el 2010, identificó 136 casos de violaciones a los derechos humanos. Hasta el momento, solo el 4% de esas denuncias se volvieron juicios. Su operación costó USD 1,7 millones.

La ley vigente establece que la Fiscalía General es la encargada de impulsar las investigaciones penales. Los informes que elabore cualquier otra entidad deben ser corroborados por ese ente, que realiza su propia investigación antes de judicializar un caso, para así identificar delitos y responsables.

La corrupción en el país es sistémica. Su abordaje requiere una política integral, basada en el fortalecimiento institucional y su conducción de forma autónoma.