Frente a la consulta del Presidente de la República se ha argumentado que los cambios propuestos traerían una regresión en las garantías y derechos consagrados en la Constitución. Eso es cierto, lamentable y peligroso. También se ha dicho que la consulta cambiaría la estructura del Estado, que eso es inconstitucional e inconveniente, porque tenemos una estructura estatal modelo. Eso es falso, porque la parte orgánica de la Constitución es desastrosa, incoherente y antidemocrática.
La Constitución contiene algunas declaraciones y garantías avanzadas en su parte dogmática. Pero su parte orgánica, es decir la estructura del Estado, es un mamarracho. Su progresista parte declarativa no justifica un texto constitucional enorme, farragoso y contradictorio; con definiciones inapropiadas, errores, ambiguedades y disposiciones coyunturales.
Con semejante texto aprobado, se perdió la oportunidad de tener una constitución clara, corta, concisa, que fuera la base de un proyecto progresista de largo plazo. Con la deplorable estructura y redacción, los redactores de la Constitución privaron al país de una Carta Política que pudo ser referente de las instituciones del siglo XXI, y solo anticiparon su inaplicabilidad y fracaso. Recordemos, por ejemplo, que se crearon dos poderes del Estado que no tienen base jurídica ni necesidad real, en especial el “de participación ciudadana, transparencia y control social”, sobre cuya naturaleza antidemocrática ya he escrito.
El texto constitucional se aprobó en forma desorganizada y atropellada, con discusiones inconducentes, desechando la necesaria organización técnico-constitucional y un verdadero debate. Se impidió que quienes discrepaban con los directivos fueran siquiera oídos. No se formó desde el principio una comisión para organizar la redacción y las concordancias del texto. Fue imposible contar con una base seria para el debate. Los asambleístas se distribuyeron en “mesas” que debatieron temas nebulosos y definiciones innecesarias por meses. Varias mesas discutían lo mismo al mismo tiempo,
La Constitución se aprobó de apuro, por grandes bloques del articulado, con un debate pobre, atropellado y virtualmente inexistente. Pocos días antes de que venciera el plazo para su expedición final, una comisión externa realizó en unas cuantas horas la codificación y redacción definitiva.
El resultado fue un texto constitucional que pide a gritos una radical reforma. Por eso es asombroso que sus autores vengan ahora con que el mamarracho es intocable. Al contrario, si para algo debería servir la consulta planteada por el Presidente de la República, es para cambiar a fondo el desbarajuste antidemocrático de la parte orgánica de la Constitución. Lástima que Rafael Correa no lo ha hecho y haya preferido atropellar derechos y preguntar banalidades.