El enorme esfuerzo, así como los ingentes recursos invertidos por el régimen para promover la iniciativa Yasuní-ITT, no sirvieron para convencer la comunidad internacional sino a un gran número de ecuatorianos, especialmente jóvenes, de que es fundamental mantener el petróleo bajo tierra.
El presidente Rafael Correa, así como los funcionarios que participaron en el proyecto Yasuní-ITT, lograron, pese a tener siempre como prioridad el Plan B, que una parte importante del país se haya vuelto verde. El incluir en la Constitución los derechos de la naturaleza, dar mayor peso en el Plan Nacional del Buen Vivir y en muchos ámbitos de la acción gubernamental el cuidado del medioambiente, generaron muchas expectativas.
Es curioso que al inicio de este nuevo mandato, el Presidente, en lugar de mantener este enfoque que ahora tiene mayor eco en la ciudadanía, haya dado un giro hacia un modelo neo-extractivista que va en contra de sus postulados iniciales. Eso es evidente no solo con respecto de la iniciativa Yasuní-ITT, sino también en dar prioridad a la explotación de grandes proyectos mineros en donde también existen zonas únicas en biodiversidad.
Da la impresión de que el modelo impulsado por el actual Régimen no es viable si no recurre al extractivismo y uso intensivo de recursos naturales. De ahí que el Presidente haya dado prioridad al Plan B. Es decir, el modelo actual de inversión pública y alto gasto público, subsidios, derroche de recursos para publicidad y propaganda gubernamental, no funcionan sin el extractivismo.
Esta decisión resulta aún más polémica cuando tomamos en cuenta que el Parque Nacional Yasuní es Patrimonio Natural de la Humanidad. Es decir, aunque está en Ecuador, esto pertenece al mundo y a las futuras generaciones. En este sentido, aunque se diga que se intervendrá en menos del uno por mil, la decisión gubernamental soslaya los compromisos que a escala internacional ha adquirido el Ecuador.
La salida que han dado, interpretando el artículo 407 de la Constitución, puede ser legal pero cuestionable porque se contradice con lo que han pregonado hasta el cansancio como es el “Régimen del Buen Vivir”. ¿Quién se hace responsable de la afectación irreversible que se hará a la naturaleza y a los pueblos no contactados como los taromenane? Todos quienes se sienten traicionados por el fracaso de la iniciativa Yasuní-ITT deberían también preocuparse de otro tema fundamental que también está relacionado: el modelo extractivista necesita de regímenes autoritarios. Por ello así como también es importante el Yasuní, es fundamental la garantía de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a ser consultados. Quien ha fracasado y nos ha fallado no es la comunidad internacional, sino el propio Correa.