Miguel Rivadeneira

Fracaso y campaña sucia

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Basta revisar resultados concretos del manejo de la empresa pública Tame para evidenciar el fracaso del modelo estatista actual, con inestabilidad económica y administrativa y sin rumbo cierto.

Cada mes más deuda para cubrir el enorme gasto público. Sacan bonos que pagará el país sobre el 9 % de interés, el doble de Paraguay que acaba de emitir al 4,7 % y antes Bolivia al 4,5 %, reflejo del riesgo país. Despilfarro en secretarías como la del Buen Vivir.

Cuando se revisan datos oficiales sobre el promocionado cambio de matriz productiva se observa que las metas no se han cumplido y sigue tendencia a la baja. 
En medio de esto, la guerra sucia en la campaña electoral, provenga de donde provenga, es condenable y hace recordar el pasado, que tanto criticaron los que han gobernado esta década, y hoy resultó peor.

En lugar de construir civilizadamente con propuestas viables con apertura, diálogo, tolerancia, acuerdos y respeto mutuo, valores de una democracia plena. Sin insultos ni obstáculos para que los rivales políticos puedan desarrollar acciones.


Hasta observadores internacionales han pedido dejar de lado la campaña de desprestigio. Un llamado a soslayar el empeño que se han ensañado, liderado al más alto nivel y usando el aparataje del Estado, en medio del silencio cómplice e incumplimiento legal de Contraloría y CNE. La Constitución (art. 115) prohíbe uso de recursos y la infraestructura estatales en todos los niveles de gobierno para la campaña electoral.

Al contrario, obliga al Estado a fomentar debates, que también eluden. Manipulación de encuestas nacionales y otras atribuyen a prestigiosas cadenas como CNN, que negó públicamente eso.
El 8 de marzo último hubo una marcha en Quito protagonizada por el movimiento oficial y el saldo fue lamentable. Se afectó el Centro Histórico y se mancharon con insultos 62 edificaciones patrimoniales, según el Municipio.

En campaña se irrespetan sin pudor las normas. La Federación Deportiva Nacional se pronunció a favor del candidato oficialista cuando la Ley del Deporte prohíbe. El art. 15 señala que las organizaciones deportivas no podrán realizar proselitismo ni perseguir fines políticos o religiosos. 
El CNE tiene la obligación de aplicar la Ley, llamar al orden, garantizar el proceso y que se respete el pronunciamiento popular no solo que se exprese en las urnas sino en la transmisión de datos.

Para ello es fundamental que los involucrados, no solo la fuerza pública sino representantes de las organizaciones, tengan acceso a toda la cadena de custodia y no solo a una parte. La confianza se ha perdido por acciones que han permitido y los electores tienen una responsabilidad histórica en el ejercicio de un voto razonado y sufragar libremente por los candidatos que deseen. Un pueblo que no toma conciencia de la realidad bien informado que no se arrepienta luego.