La década de los ochenta del siglo pasado se inició con la crisis de la deuda externa que afectó al desempeño económico y deterioró la situación social de los países en vías de desarrollo. Al final de la crisis, las deudas bancarias se transformaron en bonos soberanos por lo cual las reglas de negociación, en caso de no pago, cambiaron. En momentos de crisis y anterior a la conversión de las deudas bancarias por bonos, las negociaciones se realizaban con representantes de los bancos que tenían el mandato de negociar en nombre de todos los acreedores. De esta manera, se formaron los llamados comités de gestión integrados por no más de seis bancos. Esto era posible porque las deudas debían su origen a créditos comerciales que tenían un mismo tratamiento legal, financiero y contable. Además, este tipo de deudas no se transaban en los mercados de valores, por lo cual su precio era el valor que tenían los bancos registrados en sus libros. En cambio, los bonos que originalmente se emitieron para canjearlos con las deudas comerciales comenzaron a ser transados en las bolsas internacionales. Con el paso del tiempo, y de regreso a los mercados financieros, los países empezaron a colocar bonos en diferentes localidades, a plazos y rendimientos distintos, así como en diferentes monedas. Por lo cual, en momentos de crisis, se hacía difícil, sino imposible, negociar con diferentes grupos de inversionistas que tenían en su poder distintos tipos de bonos. Por esta razón, la única opción para reestructurar deudas impagas era realizar una oferta unilateral sorpresiva mediante la cual a los inversionistas se les ofrecía canjear los bonos impagos por nuevos bonos a descuento y a diferentes plazos e interés. Los inversionistas podían aceptar o rechazar la oferta, y el país se reservaba el derecho de declarar fallida la misma sino se obtenía una masa crítica de por lo menos 85% de participación. Los países que optaron por esta estrategia lograron una importante participación de más del 90%, pero al no obtener el cien por ciento de aceptación, quedaron inversionistas rezagados. En este momento entran los llamados fondos buitres para comprar a precios deprimidos los bonos que no se canjearon para demandar judicialmente al país que los emitió para que los cancele a la par incluido los intereses acumulados a la fecha de pago. Este es el caso actual de la Argentina en donde un fondo buitre logró judicialmente retener su buque insignia en un puerto extranjero. Esta semana un juez de Nueva York, ordenó al banco que hace de fiduciario pagar el próximo 15 de diciembre USD1,3 mil millones a uno de estos fondos, caso contrario no podrá hacer los pagos a los tenedores de los bonos argentinos que aceptaron el canje. Una situación por demás compleja.