El narcotráfico es un flagelo socio-económico que afecta a la sociedad contemporánea y cuya creciente expansión preocupa a la comunidad internacional, porque se trata de un problema de salud pública, derivado del tráfico y consumo ilícito de drogas. La dimensión que ha tomado en recientes décadas activa las alarmas en las esferas del poder y en la opinión ciudadana general, con un enfoque que generaría la impresión de que se trataría de una especie de pandemia delictiva de cercana data. El hecho cierto es que nos referimos a un fenómeno que se incorporó a la agenda internacional hace poco más de un siglo. La primera conferencia interestatal sobre la materia se celebró en 1909, en la ciudad china de Shangái, por iniciativa de los Estados Unidos, y el primer acuerdo multilateral se concretó en la Convención del Opio, en La Haya en 1912.
Desde entonces se han realizado numerosas reuniones internacionales y se han adoptado varios instrumentos multilaterales en el marco de la Sociedad de Naciones, primero, y de la Organización de las Naciones Unidas, a partir de 1946, cuando se creó la Comisión de Estupefacientes. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU evalúa y supervisa la aplicación de los tratados. El Fondo para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas brinda asistencia a los gobiernos para impulsar proyectos que desarrollen para reducir la oferta y la demanda ilícitas de drogas. Para la ONU, la erradicación del narcotráfico es responsabilidad colectiva de todos los Estados.
La Organización de Estados Americanos, ante la gravedad del problema en nuestra región, celebró en Brasil (1986) una conferencia especializada que aprobó el Programa Interamericano de Acción de Río de Janeiro, contra el consumo, la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, con principios y objetivos bien definidos. Allí se decidió crear la Comisión Interamericana para el Control de Drogas (Cicad), órgano mediante el cual actúa la OEA. La Cicad estimula la cooperación regional con miras a reducir la demanda de drogas ilícitas y a mejorar la capacidad de los gobiernos para actuar con eficacia contra los grupos criminales. Una de sus prioridades es la educación preventiva. Se aprobó en 1990 el “Programa Interamericano de Quito: la Educación Preventiva Integral contra el uso indebido de drogas”.
En la actualidad, si casi todos los países sufren este fenómeno, casos paradigmáticos son los de Colombia y México, con brotes de violencia y crimen organizado. Nuestro vecino del norte, acosado por mafias, negocia un proceso de paz con las FARC en La Habana, con la esperanza de que los alzados en armas decidan trocar balas por votos, según expresión del presidente Santos, y opten por reintegrarse a la sociedad para actuar en política, como en su hora lo hiciera el M19. Les auguramos buen éxito en el intento.