Arturo Torres

La fisura militar al descubierto

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En casi diez años, el régimen no logra descifrar las particularidades de la institución militar, que tiene alrededor de 38 mil integrantes en servicio activo. ¿La prueba? Recién luego del bombardeo en Angostura (en marzo de 2008) quedó en evidencia que la dotación, la infraestructura y el equipamiento militar en la frontera norte eran insuficientes.

La reestructuración de funciones de la fuerza motivó un impasse con el poder civil. Uno de los argumentos civiles fue que Ecuador ocupa el segundo lugar en la región, en cuanto a número de uniformados por cada mil kilómetros cuadrados; 217.

Actualmente a los militares se les asignan funciones inherentes a “seguridad interna”. Algo paradójico, si se considera que, en nombre de los derechos humanos, exmilitares se sientan en el banquillo de los acusados para rendir cuentas ante la justicia por los actos que, 30 años atrás, pudieran haber hecho en nombre de la misma seguridad interna: el combate a los brotes de guerrilla e insurgencia. Esto motivó otro desencuentro civil-militar.

El más reciente impasse se relaciona con el monto que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) recibió del Ministerio del Ambiente, por 220 hectáreas del Parque Los Samanes, ubicado en Guayaquil. El precio pactado inicialmente era de 48 millones. Tras una revisión de cifras, por pedido oficial, el Issfa fue exhortado a devolver 41 millones. La discrepancia ya provocó, a inicios de febrero, que la cúpula militar fuera cesada. El actual mando militar tiene apenas tres meses en funciones y ya debe lidiar con este conflicto.

Por todo lo expuesto, el tema va más allá de los 41 millones, y las preocupaciones por el futuro del Issfa, que representa a unos 30 mil uniformados en servicio pasivo.

El diálogo entre civiles y militares se hace necesario en este momento, pero no para defender una consigna política, sino para sumar fuerzas y salir de la crisis nacional, agravada por el terremoto de abril.