Washington Herrera

Financiamiento privado

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Sin nuevas inversiones no habrá más desarrollo, ni más empleo ni consolidación de la justicia social. Hasta ahora, el progreso del Ecuador se ha basado en la inversión pública y marginalmente en la privada, pero este esquema ha llegado a un límite que estancará al país. Los déficits fiscales del 2014 y 2015 se satisfarán con más deuda y no con más producción y los prestamistas querrán saber cómo va a pagar el Ecuador si se va a lentificar el crecimiento económico.

Con inversión pública se han ensanchado y modernizado carreteras, construido más hospitales, mejorado la educación, modernizado sistemas de seguridad interna y atendido las demandas y necesidades de las fuerzas armadas, principalmente. Por otra parte, como seguirá creciendo la burocracia, arrojando pérdidas ciertas empresas estatales, ni se disminuirán los subsidios a los combustibles ni se priorizará la austeridad, es clave una nueva política de financiamiento del desarrollo abriendo frontalmente a la inversión privada para hacer lo antes posible más obras de infraestructura, liberando al Estado de recursos que necesita para otras cosas.

El Gobierno no va a tener dinero para hacer, por ejemplo, una autopista Quito-Guayaquil, con ramales a Cuenca y Manta, puertos eficientes y modernos, grandes parques industriales, zonas especiales de desarrollo manufacturero, proyectos turísticos de gran escala, por lo que se debería convocar a concursos internacionales a empresas privadas para que construyan a base de concesiones con peajes, de estímulos tributarios durante lapsos y condiciones que favorezcan al país y a las empresas inversoras. No debemos tener reservas mentales sobre esta política que es perfectamente factible porque el dinamismo que imprimen los resultados tangibles es necesario para consolidar la justicia social.

Incluso en las actuales vías ensanchadas hay tramos estrechos que deben ser ampliados para bajar efectivamente los tiempos y mejorar la logística del transporte de mercaderías que es algo básico para la productividad del país. Estas carreteras necesitan mantenimiento continuo y para eso también es posible cobrar peajes, que por otro lado es justo que paguen los automovilistas que consumen una gasolina subsidiada. Esto asimismo es justicia social.

Proyectos complejos, como el Metro de Quito, debieron ser promovidos con base en la inversión privada, negociando el precio del pasaje, el necesario subsidio estatal a los constructores y el tiempo de la concesión.
Todavía hay tiempo de explorar el interés privado en obras de esta naturaleza, incluso para probar la verdadera viabilidad de este tipo de proyectos. Asuntos de esta magnitud quisiéramos escuchar en las sabatinas, en lugar de temas menores.

wherrera@elcomercio.org