4 de December de 2013 00:01

El festival del 'yo no fui'

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Pablo Da Silveira

¿Qué tal si los gobernantes pagaran por el fracaso educativo? En algo así están pensando los miembros de la Cámara de Diputados de Brasil, que el 11 de diciembre empezarán a debatir una propuesta innovadora. El proyecto de Ley de Responsabilidad Educativa es apenas uno de los 20 que fueron presentados en los últimos meses, pero es el que tiene más chances de ser aprobado .

La iniciativa hace responsables a los prefectos y gobernadores de los resultados educativos que alcancen durante su gestión. Los prefectos (en el nivel municipal) y los gobernadores (en el nivel estadual) son cargos ejecutivos de mucha importancia en Brasil. Téngase en cuenta que casi cualquier gobernador afecta con sus decisiones a mucha más gente que el Presidente uruguayo. Entre sus tareas está la de elegir a los responsables de la conducción educativa (cada Estado cuenta con su propio Ministro de Educación), así como elaborar y ejecutar el presupuesto .

En caso de ser votada, la Ley de Responsabilidad Educativa evaluará de dos maneras la gestión de los prefectos y gobernadores. En primer lugar, obligará a verificar que ciertas decisiones fueron efectivamente tomadas y debidamente ejecutadas. Entre ellas se incluye el aseguramiento de una infraestructura básica a todos los centros de enseñanza, la ejecución de algunos programas de refuerzo escolar y el cumplimiento de ciertos mínimos en relación a las retribuciones docentes .

En segundo lugar, la Ley obligará a los gobernantes a velar por el cumplimiento de ciertos indicadores de logro. En este caso no se fijarán metas específicas, sino que se analizará la evolución del IDEB, o Índice de Desarrollo de la Educación Básica (un indicador de calidad que el Gobierno federal viene empleando desde el año 2005). El análisis del comportamiento de ese índice se hará según un principio de "no retroceso". Eso significa que cualquier deterioro será considerado una falta funcional en el cumplimiento de la tarea de Gobierno . Los gobernantes que incumplan estas exigencias sufrirán una inhabilitación política de cinco años (una sanción que ya se aplica a quienes no consigan hacer aprobar los números de su gestión por el Tribunal de Cuentas). En las irónicas palabras del diputado Raúl Henry, relator de la comisión que estudia el tema, "quien no haya podido proporcionar una mejoría en la calidad de la educación no será penalizado ni criminalizado, ni responderá por falta de probidad administrativa. Pero tendrá cinco años de vacaciones pedagógicas, para que no pueda disputar la siguiente elección".

Todavía no es posible saber si este proyecto de ley será aprobado, aunque ya cuenta con el apoyo de legisladores de varios partidos. Tampoco está claro si se trata de una buena o mala idea (como en todos los asuntos complejos, cabe más de una opinión). Pero lo que está fuera de dudas es la distancia que existe entre el sistema político brasileño y el uruguayo: mientras nuestros vecinos entienden que los gobernantes tienen que hacerse cargo de los resultados educativos (y en un plazo tan corto como cinco años), acá estamos hundidos en un festival del "yo no fui". Ni Tabaré Vázquez (padre político de la espantosa Ley de Educación que hoy tenemos), ni Danilo Astori (que le dio su apoyo), ni quienes ocupan u ocuparon cargos jerárquicos en ANEP o en el MEC, parecen sentirse responsables de lo que ocurre .

El País, Uruguay, GDA

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