Dimitri Barreto P.

Femicidas en casa

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Cinco de cada 10 crímenes intencionales contra mujeres fueron perpetrados por sus parejas o familiares, en contraste con 6 de cada 100 hombres víctimas en manos de familiares. El último informe mundial sobre el homicidio de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) lo refiere.

En América Latina, cada día hay en promedio 12 víctimas por el solo hecho de ser mujer, según la Cepal. La región, de hecho, alberga a 14 de los 25 países del mundo con las tasas más altas de femicidio, reza en un estudio de Small Arms Survey del 2016.

En Ecuador, existe femicidio, al tenor del Código Integral Penal (COIP), cuando una persona, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, da muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género.

Sí. El femicidio, pese a lo restrictivo de la figura penal, es ya un fenómeno visible en la esfera pública del país. Un estudio de la Fiscalía registra 176 casos que dejaron 180 víctimas, entre el 10 de agosto del 2014, cuando entró en vigencia el COIP, y el 8 de marzo del 2017. Sin embargo, solo en el 26% de casos se ha dictado sentencia.

Entre las 23 víctimas de este año no constan los casos que conmocionaron este abril a Cuenca: Cristina Palacio, ultrajada, asesinada, arrojada al río. Maybelline Ocampo, madre, asesinada al salir de su trabajo. Rosa Camas, sostén de sus hijos, asesinada al ir a laborar.

El femicidio es la expresión extrema de la violencia machista. Es revelador que en el 65% de casos en Ecuador el victimario sea esposo o pareja. Y en el 17%, expareja. Lo recoge la Fiscalía. Es desgarrador documentar 89 crímenes con armas cortopunzantes, caseras (armas de fuego: 14). No. El femicidio no es asunto ajeno; ocurre en Pichincha (35 casos), Guayas (27), etc. y tiene su germen en la violencia de género, diaria.

¿Qué hacer? Reaccionar. El próximo Presidente, además de unir a los ecuatorianos y ser ejemplo en su gestión, tiene el reto de incorporar un enfoque de género en las políticas públicas, empezando por la educación. Porque la desigualdad entre hombres y mujeres es injusticia, violencia e impunidad.