Farith Simon

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14 de julio de 2014 00:00

Estoy convencido que las páginas web de las instituciones públicas son un buen indicador del sentido que tienen los servidores públicos de lo que consideran relevante, de su relación con los ciudadanos, de su capacidad para diferenciar lo personal de lo institucional.

La Ley de Acceso a la Información Pública debería servir también para analizar los portales electrónicos públicos; allí se detalla la información que tenemos derecho a conocer: estructura institucional, procedimientos internos, directorio y distributivo de personal, remuneraciones, servicios que presta, horarios, direcciones, formatos para peticiones, información presupuestaria, contratos, contratistas incumplidos, planes operativos, rendición de cuentas, viáticos. A varias entidades la Ley les exige información específica, por ejemplo, los textos de las sentencias de los jueces ordinarios y de la Corte Constitucional, las resoluciones ejecutoriadas de los organismos de control y las actas de las sesiones de los órganos colegiados. La Defensoría del Pueblo es la entidad encargada de verificar el cumplimiento de esas disposiciones.

Además de la verificación de ese contenido “mínimo”, debería prestarse atención a otros criterios relevantes para determinar la calidad las páginas institucionales: accesibilidad; facilidad de uso y lectura; cantidad, relevancia, fiabilidad y actualidad de los contenidos; calidad de los servicios ‘online’.

Las entidades que forman parte del Ejecutivo tienen un esquema similar para sus portales, la mayoría con información útil y actualizada, aunque llama la atención que presenten contenidos sin relación o relevancia con su competencia institucional (por ejemplo, información de la Cupre o el video de la Secom con la versión oficial sobre el diario Hoy).

La situación con los portales de las otras funciones del Estado y de los gobiernos seccionales, con pocas excepciones, es lamentable. De diseño heterogéneo, algo que parecería obvio por la declarada autonomía e independencia institucional; sin embargo, la mayoría son de poca utilidad para los ciudadanos, con escasa información de interés público, con lenguaje de difícil comprensión, intrincada navegación, incompletas y desactualizadas.

La página de la Asamblea Nacional podía considerarse -hasta hace poco- un ejemplo positivo; en ella se podía obtener información relevante de esa entidad, del Pleno, las comisiones y los asambleístas. La nueva Presidencia la modificó, ahora es incompleta y farragosa para la navegación.
Los peores portales son los que parecen estar al servicio de la promoción personal, aquellos que dedican la sección más notoria de su portada a las fotografías de sus personeros. Visiten la página de la Corte Constitucional, traten de ubicar una sentencia o los documentos de algún proceso, ¿difícil no? Pero seguro se informaron de las reuniones, conferencias, viajes y condecoraciones de su Presidente.