Farith Simon

Alcahuetería revolucionaria

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La posición del gobierno ecuatoriano ante la crisis venezolana es de vergüenza. Ya sería reprochable que el régimen de Moreno guardara silencio y que con ello enviase un mensaje de insensibilidad ante una situación política y humanitaria que golpea a millones de personas; sin embargo, la posición asumida es mucho más grave, al dar un apoyo a Maduro se le da legitimidad y les convierte en cómplices del estado de cosas al interior de Venezuela, con un régimen que desde hace mucho tiempo ya no puede ser considerado democrático y respetuoso de los derechos humanos.

No olvidemos que la canciller Espinosa, en agosto del 2017, asistió en Caracas a la reunión del consejo político de la Alba-TCP, y suscribió una declaración avalando la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente y alabando unos comicios claramente desiguales, calificándolo de un “auténtico acto soberano”, mientras rechazaba cualquier intromisión o injerencias. Paralelamente, en Lima, doce países decidieron que la misma acción era un “ruptura del orden democrático en Venezuela” y declararon que “no reconocerán a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente ni a los actos que emanen de ella por su carácter ilegítimo”.

Este, el denominado Grupo de Lima, ha dado su apoyo al gobierno de Perú en su decisión de retirar la invitación a Maduro para que asista a la VIII Cumbre de las Américas. Han sustentado su decisión en el incumplimiento de Venezuela de la Declaración de Quebec del 2001, en la que se estableció que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio, constituye un obstáculo insuperable para la participación de ese Gobierno en las Cumbres de las Américas. Los firmantes, con una reserva de Venezuela ya gobernada por el chavismo, declararon su adscripción a la democracia y el respeto irrestricto al sistema democrático, así como el mantenimiento y fortalecimiento del Estado de Derecho como propósito y compromiso compartido de todas las naciones americanas.

El uso de la retórica soberanista y el discurso del progresismo, que usan Maduro y sus aliados, entre los que se cuenta nuestro Gobierno, sostiene el permanente irrespeto a valores básicos, mínimos, ligados a la democracia y a los derechos.

La CIDH, a la que hace unos días criticábamos fuertemente, debido a su equivocación en el manejo de las medidas provisionales, acertó en su informe sobre Venezuela cuando señala cómo en ese país se ha dado un progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y de la situación de derechos humanos, una crisis que -como bien describe la CIDH- se ha profundizado y agravado desde el 2017.

La ceguera ideológica hace que Moreno siga apoyando a un grupo de incompetentes y autoritarios, lo que se puede calificar como alcahuetería, justificada desde una noción de soberanía incompatible con la protección de los derechos humanos.