La nueva reforma tributaria que empieza a debatirse hoy en la Asamblea Nacional busca extraer de la sociedad USD 300 millones este año y510 millones el siguiente, con el fin de pasar esos recursos a las arcas fiscales y así financiar un gasto público que se ha triplicado durante los últimos ocho años.
Aunque el Gobierno ha invertido más en carreteras, hospitales, escuelas, aeropuertos o hidroeléctricas, también ha triplicado el gasto corriente, es decir, ha destinado más recursos en sueldos, subsidios, compra de bienes y servicios para mantener el aparato estatal y en pagos de intereses de deuda pública, interna y externa.
Ese gasto corriente en el sector público no financiero, que sumaba cerca de USD 8 000 millones en el 2006, el año pasado llegó a los 27 500 millones.
¿Será posible reducir el gasto corriente en lugar de aplicar un paquete tributario que afecta a empresarios, jubilados, consumidores y personas con discapacidad?
Hay varias razones para sostener que primero debe debatirse la reducción del gasto corriente antes de subir impuestos.
Primero, porque el Gobierno no hace mayor esfuerzo en reducir el gasto corriente.
El año pasado, por ejemplo, en plena crisis, los gastos en sueldos subieron 5%. No hay razón para pedirle más dinero a los contribuyentes mientras haya entidades como el Ministerio de la Felicidad que no han justificado su existencia.
Segundo, porque es cuestionable aumentar impuestos en medio de un año de recesión económica, ya que se afecta a las empresas y se pone en riesgo los puestos de trabajo. Esto, sin considerar que el paquete tributario afecta a jubilados y personas con discapacidad, considerados grupos vulnerables.
Y tercero, no cabe entregar más recursos a un Gobierno poco transparente con el uso del dinero público. Hasta ahora, por ejemplo, no se conocen los detalles del último crédito con China, que comprometió 73 millones de barriles de crudo para los próximos 5 años.