Enrique Echeverría

¿Con qué facultad?

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Frederik Obermaier y Bastian Obermayer, dos periodistas alemanes de investigación, entregaron el libro intitulado Panamá Papers, mencionando lugares donde dan cabida a evasores de impuestos. Desde entonces, las revelaciones se han multiplicado y han salido a conocimiento general nombres de personas que crearon compañías “off shore”.

Hoy, pretendemos sancionar el tener algún patrimonio en uno cualquiera de aquellos países y bautizarles –por nuestra cuenta- como paraísos fiscales, sin hacer diferencia entre dineros honradamente conseguidos; y, otros, de mala procedencia. Podría surgir no solo rechazo, sino protesta de esos países porque, desde el Ecuador, se nos ocurra colocarles el rotulo de “paraíso fiscal”.

Cuando alguien menciona a nuestro país en situaciones peyorativas, airadamente -y con razón- esgrimimos la tesis de la soberanía. Como soberanos, nadie puede inmiscuirse en nuestros asuntos internos.

Los estados del mundo actual son interdependientes, por una serie de tratados. Pero esa adhesión no significa que se haya renunciado a la soberanía, ni siquiera en parte, ya que dos efectos de esa adhesión no lesionan la independencia, ni la supremacía de nuestras propias decisiones. Un ejemplo actual es Venezuela, donde a pesar de la matanza de opositores y el hambre, ningún país puede ir más allá de la opinión, la condena verbal y algunas medidas propias de la globalización.

Recordemos la enseñanza del enciclopedista ecuatoriano Dr. Rodrigo Borja Cevallos: “No son, pues, conceptos incompatibles el de la comunidad internacional y el de soberanía estatal; ni la subordinación de los Estados a la Ley Internacional, decretada por su propia voluntad, puede tomarse como alteración sustancial de sus atributos soberanos” (Enciclopedia de la Política).

Panamá, país respetable, no puede ser identificado como paraíso fiscal porque un Estudio jurídico, Mossack Fonsseca, haya tramitado compañías reales o fantasmas para conductas corruptas. Cualquier otro país, como soberano, tampoco puede estar sujeto a la calificación nuestra sobre moralidad. Si procedemos a calificar a otro país soberano, podrían argüir: ¿con qué derecho se permite semejante calificación, sobre todo si en su propio Ecuador está a la vista la operación de corruptos y sede de delincuente transnacional? La moral vale tanto como la ley.

En 1999, los ecuatorianos perdimos nuestro patrimonio depositado en bancos. Si hay un riesgo similar, ¿por qué resultaría inmoral proteger nuestros ahorros depositándolos en bancos extranjeros? ¿Debemos esperar un nuevo atentado, calladamente?

Hay que hablar con el ejemplo. Para evitar cualquier mal entendido, quede claro que el autor de esta nota no tiene ni un dólar en el extranjero ni interés personal en estos asuntos.

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