Ahora que la ubicación del Ecuador ha mejorado notablemente en el Reporte de Competitividad Global y que miembros del Gobierno ya reconocen el valor de este documento, sería conveniente fijarse en qué áreas aún nos falta progresar. El estudio señala que la corrupción es considerada el principal problema para hacer negocios en el país. Si ese es el caso, la pregunta lógica es: ¿qué factores promueven la corrupción?
Una de las principales causas de la corrupción es la politización de las instituciones públicas. Si, como ocurre en el Ecuador, el cargo no sólo de empleados del Gobierno, sino también de trabajadores de otras funciones del Estado y de múltiples organismos de control, depende de nombramientos y supervisión políticos, la probabilidad de que alguien vinculado al poder se atreva a pasarse de la raya es considerable. Eventos como el de la semana pasada, cuando el Consejo de la Judicatura suspendió por 90 días a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia que fallaron a favor de OCP en un litigio entre la empresa y el SRI, ratifican la impresión de que el poder busca que los jueces respondan a ciertos intereses, lo cual deja un espacio amplio para que personas bien contactadas puedan darse algún gusto.
Los efectos de la politización de las instituciones públicas son aún más graves cuando no hay alternancia política. A diferencia de lo que ocurre en países donde los funcionarios toman decisiones junto a otros servidores públicos que estarían dispuestos a denunciar una conducta tramposa, en el Ecuador la cadena de decisión de las políticas públicas está concentrada en personas leales al movimiento y, por lo tanto, dispuestas a cubrirse las espaldas entre sí. La abismal diferencia entre el viaje de la comisión de 14 personas, que incluyó a un Ministro y al Fiscal General, para gestionar la extradición de Galo Lara y la inacción de la misma gente frente a la fuga de Pedro Delgado afianza la sensación de que en este país algunas personas pueden cometer actos ilícitos sin consecuencias.
Otro factor que facilita la corrupción es lo que un artículo académico publicado en el American Economic Review en agosto pasado bautizó como “la maldición política de la abundancia”. La investigación demuestra que los países que encuentran nuevas fuentes de ingresos públicos, como la explotación de un recurso natural, tienden a ser más corruptos porque los funcionarios se pueden llevar una parte de esa renta sin que los electores se sientan afectados.
Por supuesto muchos factores más promueven la corrupción. Pero a este ritmo de concentración del poder e incremento de la explotación petrolera, Chucky Seven, Duzac, Fabricio, el eterno silencio de la Corte Cervecera ante las demandas de inconstitucionalidad y el no pago del Impuesto a la Renta por los famosos 600 000 dólares pasarán a ser simples travesuras de kínder.