27 de April de 2010 00:00

Expropiación

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Walter Spurrier Baquerizo

El anuncio presidencial que propondrá una ley para la expropiación de las petroleras dio la vuelta al mundo, y asesta un duro golpe a cualquier aspiración de traer inversión extranjera en minería y petróleo.

En las antípodas, The Australian deplora lo deprimente de la noticia para dos mineras australianas en búsqueda de refrendar sus derechos, la una sobre arenas ferrosas en Cojimíes, la otra en una mina de oro en Azuay.

Pero discrepo que se trata de un endurecimiento. Veamos un ejemplo: Perenco.

Perenco rehusó que el Gobierno se tome su crudo para cobrarse la aplicación del reparto 99-1 de los ingresos extraordinarios; detuvo su producción. El Estado a través de Petroamazonas asumió la operación de los campos, Petroecuador solicitó al Ministro de Recursos la caducidad.

De declararse la caducidad, el Estado determinaría que Perenco pierde todos sus derechos y propiedades vinculadas a la operación, sin compensación.

Pero a pesar de haberse vencido los plazos, no hay declaratoria de caducidad. Si continuase indefinidamente el actual limbo jurídico, podría considerarse que habría una confiscación.

En cambio, si el Gobierno plantease la expropiación, tendría que pagar un justo precio por los activos de la empresa, por lo menos el valor en libros.

Sin duda, esta tercera opción es la menos inconveniente para la petrolera.

A las petroleras activas en el país se les propone cambiar sus contratos por otros muy poco atractivos. Estimo no se les justificaría a estas multinacionales operar en el país con tan poca rentabilidad y perdiendo el derecho al crudo.

El contrato propuesto es como si un promotor le propusiera a un constructor que él financie el edificio y a medida que venda los apartamentos, le reembolsa la inversión y los honorarios. Si sube el precio de los bienes raíces, el promotor vende más caros los apartamentos y gana mucho: el constructor recibe lo pactado.

Pero si bajan los precios, el promotor aún se queda con parte del valor de las ventas y le dice al constructor que no le puede pagar todo lo que invirtió en la obra, peor honorarios. Es el constructor el que pierde.

Bajo esas condiciones, la expropiación sería una alternativa atractiva para las petroleras.

Para el Estado, la expropiación con-lleva un problema: de dónde sale la plata para pagar; a no ser que sea como las expropiaciones de Chávez a las cementeras, que no paga.

Con las opciones de o firmar el contrato modelo o la expropiación, no habrá inversión extranjera en petróleo. ¿Está consciente el Gobierno de las consecuencias de ello?Que alguien le sugiera al Presidente una larga y amplia conversación de política petrolera con su nuevo ministro Pástor, quien a diferencia de algunos de sus antecesores, conoce el sector petrolero al revés y al derecho.

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