Enfoque internacional

Un experimento de alto riesgo

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24 de December de 2013 00:05

La ley de regulación de la marihuana, recientemente aprobada por el Senado uruguayo, busca atacar "las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas del uso problemático de sustancias psicoactivas, así como reducir la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado". Para ello, la nueva norma permite la plantación, cultivo y cosecha domésticos de plantas de cannabis para consumo personal o compartido en el hogar. También autoriza la plantación, el cultivo y la cosecha de marihuana realizada por clubes de membresía, que serán controlados por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCC) que deberán ser autorizados por el Poder Ejecutivo, tener un mínimo de 15 y un máximo de 45 socios, y podrán cultivar hasta 99 plantas de cannabis de uso psicoactivo.

La marihuana no podrá publicitarse ni venderse a menores de edad, además de que se hará obligatoria la materia "Prevención del uso problemático de drogas" en todos los niveles escolares.

Las críticas y la duda generalizada ante los posibles beneficios y la utilidad práctica de la reciente ley no se han acallado. El 63% de los uruguayos opinó en contra, entre otras cosas, porque temen que hará aumentar el consumo entre los jóvenes y podría inducirlos a pasar a consumir drogas más duras.

También ha provocado reacciones dispares entre los países vecinos y en los de la región. Sin embargo, cada vez son más las voces que plantean una revisión de la lucha antidrogas en América Latina, especialmente al ver cómo los Estados Unidos, su mayor promotor y el mayor consumidor mundial, se abre progresivamente a la regularización de la marihuana a nivel estatal.

En la Organización de Estados Americanos (OEA) se presentó en mayo pasado un informe que apostó por la despenalización de drogas y por políticas que no criminalicen a los consumidores del continente que, en el caso de la marihuana, representan una cuarta parte del total de consumidores mundiales. Por su parte, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), órgano perteneciente a la Organización de Naciones Unidas (ONU), advirtió con severidad al gobierno uruguayo que la norma viola tratados internacionales a los que el país había adherido. En efecto, el presidente de la JIFE, Raymond Yans, manifestó que los legisladores del Frente Amplio no tuvieron en cuenta los datos aportados por la propia comunidad científica uruguaya y resaltó que la presunción de que la legalización servirá para combatir el mercado negro de la droga y el crimen se basa en supuestos bastantes precarios y sin fundamento.

Uno de los aspectos más criticados de la ley es la creencia de que expone a los menores al consumo de la sustancia y de que vastos sectores se vuelvan consumidores "sólo porque no se ha analizado y se han banalizado los riesgos que tiene esta ley para la salud pública". Los críticos de la norma sostienen que, cuando se avala esta ley, el mensaje que se le envía a toda la población es que es una droga, pero es menos mala que otras y, por lo tanto, pasible de ser consumida.

También la norma ha sido criticada por la dificultad que tendrá en lograr controles efectivos para cumplir con los fines para los que ha sido dictada.